ACAIP-UGT ha denunciado la agresiones que a diario vienen padeciendo el colectivo de funcionarios de prisiones que considera que en estos momentos no cuentan con la protección jurídica necesaria frente a las mismas, por lo que solicitan que la Instrucción que regula la intervención de la Abogacía del Estado para representar y defender a los trabajadores en los procedimientos penales, «se modifique y se la dote de mayor agilidad y
celeridad».
El sindicato entiende que el protocolo actual es «obsoleto, lento y carente de eficacia» y pone como ejemplo un juicio celebrado esta semana sobre la agresión sufrida por dos funcionarios a los que un interno no sólo dañó físicamente sino que también los «amenazó de muerte». En este sentido, alertan de que, partiendo de una petición fiscal de 1 año y 9 meses y una indemnización de 245 euros a cada lesionado por los 7 días que estuvieron de baja, «finalmente se llegó a un acuerdo entre las partes evitándose así la celebración del juicio, en el cual los funcionarios lesionados no fueron ni consultados ni informados, dictándose una sentencia de 6 meses de prisión y una multa que posiblemente no pague por declararse insolvente«.
ACAIP insiste en que «no vamos a renunciar a la Protección Jurídica que nos corresponde como colectivo de empleados públicos y, además, el que más agresiones sufre en el desempeño de nuestro trabajo y que debe ser proporcionado de forma ineludible por nuestra propia Secretaría General de prisiones, cuyo máximo responsable es el Ministro del Interior».