El Campo de Gibraltar tiene un centenar de sanitarios de baja por coronavirus. Así lo ha dado a conocer el sindicato CSIF, que alerta de que a 14 de enero había 57 profesionales de baja en el Área Sanitaria Oeste y 43 en el Área Este.
En el conjunto de la provincia son 356 los profesionales de la sanidad que no pueden acudir a su puesto de trabajo a causa de una enfermedad que nos está trayendo de cabeza desde marzo del 2020.
Ante esta situación CSIF ha exigido a la Junta de Andalucía que adopte todas las medidas necesarias, entre ellas la dotación de mascarillas FFP2 o FFP3, para garantizar la salud de los profesionales. Así lo ha registrado el sindicato en todos los centros de la comunidad autónoma tras comprobar el exponencial incremento de contagios y bajas como consecuencia de la variante Ómicron, que en la provincia de Cádiz ha dejado un aumento de más del doble en apenas veinte días entre los trabajadores de la sanidad pública.
Y es que el sindicato critica el uso generalizado de mascarilla quirúrgica en lugar de equipos de protección individual, destacando que el contagio puede producirse en quince minutos sin mascarilla, en veinte minutos con una de tela y en media hora con una quirúrgica, mientras que ese margen se va a las dos horas y media con la FFP2.
El sector de Sanidad de CSIF también denuncia la “inexistente o deficiente formación a los trabajadores” sobre la nueva variante del coronavirus, de ahí que reclame que los profesionales dispongan de esa información. Además, pide una ventilación adecuada y el uso de equipos de alta capacidad de filtración en los lugares de trabajo donde la transmisión aérea del virus suponga un riesgo y no esté garantizada la distancia personal.
El responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, confía en que la Consejería de Salud y Familias adopte todas estas medidas “con carácter inmediato y permanente”. “Se está produciendo un cambio en las condiciones de trabajo debido a la exposición de los trabajadores a la variante Ómicron, pero la Administración no establece el uso de los equipos de protección individual (EPI) que proporcionan mayor protección. Es patente que se está produciendo un daño a la salud de los profesionales y que existen indicios de que las medidas de prevención que se están tomando en la actualidad resultan insuficientes”, recalca Puyana.
CSIF también advierte a la Junta de que, en caso de no llevar a cabo las actuaciones solicitadas, estaría incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó a finales de 2021 relativas al uso de mascarillas por parte de los trabajadores de la salud en entornos donde la ventilación sea deficiente. “El SAS no puede permanecer impasible y mirar para otro lado ante esta lamentable situación”, concluye el responsable sindical.