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La incertidumbre acerca del futuro alojamiento de la sede judicial de La Línea sigue planteando incógnitas sin resolver. El reloj corre en contra con una sentencia que afecta al actual edificio y que obliga al desalojo de los juzgados.
Entramos en 2023 y desde la Junta de Andalucía, su consejero, José Antonio Nieto, lanza la mano al ayuntamiento linense y a su alcalde, Juan Franco, para buscar «alternativas» que pongan freno a la actual situación de provisionalidad.
«Habrá que hablar con las autoridades»
«Habrá que hablar con las autoridades locales porque en esta situación no podemos seguir mucho tiempo teniendo en cuenta que puede haber una resolución brusca tarde o temprano, sobre esa sede actual».
En declaraciones a Área, el consejero recuerda que existía un contrato de alquiler desde 2016 en un edificio que fue adaptado, «pero al parecer esa obra ejecutada incumplió algún tipo de normativa» si bien aclara: «la reforma la realizó el propietario del inmueble, no la Junta de Andalucía».
En su día, los vecinos del edificio interpusieron una denuncia que acabó en sentencia judicial «la cual obligaba o bien a resolver el problema por parte de los denunciantes o a desalojar el edificio. Lo primero era inviable por lo que lo que se acordó fue el desalojo», explica. Sin embargo, por el momento, aún no se han movido fichas y el problema sigue ahí y sin solución a corto plazo.
Sobre la propuesta del alcalde, Juan Franco, de cesión y adaptación por parte de la Junta del edificio del antiguo hospital linense, Nieto apunta que tampoco sería posible. «Existe una calidad mínima de servicios que se deben prestar y que no se dan en este edificio», ha zanjado. «El alcalde lo sabe y confío en que juntos podamos llegar a la mejor solución».
