Han pasado tres meses de aquel triste y negro 25 de enero de 2023, cuando un ciudadano marroquí, llamado Yassine Kanjaa, perpetró un ataque contra las iglesias del centro de Algeciras que se saldó con la muerte del sacristán de la Iglesia de la Palma, Diego Valencia. Desde entonces, el autor confeso se ha sometido a dos exámenes psiquiátricos para probar, según sus abogados, que lo sucedido no fue un acto terrorista sino un delito común.
Así lo señala el prestigioso despacho de abogados García Peña & Andújar, antigua defensa de dos de los acusados por los atentados del 11-M en Madrid y ahora, letrados de Yassine Kanjaa, el presunto yihadista de Algeciras.
En el inicio de las pesquisas, Yassine era aconsejado por una abogada de oficio a la que renunció para que García Peña & Andújar se hiciese cargo del caso. Este despacho ahora estaría intentando con todas sus armas que la causa se envíe a los juzgados locales algecireños y deje de tratarse en la Audiencia Nacional.
Piden que el caso se envíe a los juzgados locales
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los psiquiatras propuestos por la defensa se entrevistaron el jueves con Kanjaa para llevar a cabo esta segunda revisión médica. La primera, efectuada por los expertos forenses de la Audiencia Nacional, determinó en un informe preliminar que el presunto yihadista presenta un trastorno delirante.
Al juicio de los letrados, ese trastorno delirante no solo podría considerarse una circunstancia eximente –que le liberaría de responsabilidad penal–, sino que indicaría que no cometió el ataque con la intención de llevar a cabo un acto terrorista, por lo que no encajaría en ese tipo delictivo.
Conforme a este razonamiento, los abogados de Kanjaa señalan en sus escritos que, si no se trata de presuntos delitos de terrorismo, la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para instruir el caso, apuntando como tal a los juzgados de Algeciras.
Esta baza ha sido presentada en varias ocasiones al juez, Joaquín Gadea, aunque ha sido denegada continuamente por el magistrado al apreciar que el ataque de Kanjaa sí tuvo fines terroristas. Por ello, tras la última negativa del instructor, la defensa ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal para que lo resuelva.
No obstante, cabe recordar que Kanjaa vivía en una vivienda abandonada en el barrio de San Isidro en la que estaba de ‘okupa’. La casa se encontraba en pésimas condiciones.