La Eurocámara ha iniciado los trámites para levantar la inmunidad parlamentaria de Luis ‘Alvise’ Pérez en la causa abierta en el Tribunal Supremo a raíz de una querella del alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, por presuntas amenazas. El procedimiento todavía no se ha completado.
El Supremo acordó abrir esta investigación el pasado mes de marzo. Según la información disponible, el auto apuntaba a posibles delitos de coacciones y amenazas condicionales con carácter subsidiario y designaba como instructor al magistrado Antonio del Moral.
‘Alvise’ compareció voluntariamente y reconoció los mensajes objeto de la investigación, aunque negó que su intención fuera amenazar a Landaluce.
Esta investigación es una de las seis causas que el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) mantiene abiertas en el Tribunal Supremo, que afronta el nuevo año judicial con estos procedimientos entre las investigaciones pendientes.
La financiación de SALF y el empresario Romillo
La primera de las causas fue abierta en abril de 2025 por el magistrado Julián Sánchez Melgar ante los indicios apreciados de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con la supuesta financiación ilegal de SALF.
La investigación está relacionada con los 100.000 euros que ‘Alvise’ reconoció haber recibido del empresario Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’. El eurodiputado declaró voluntariamente en julio de 2025 que recibió ese dinero, aunque negó haberlo utilizado para financiar la campaña de SALF a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024 y aseguró que se destinó a gastos personales y profesionales.
Según su explicación, recibió el dinero de ‘Cryptospain’ después de participar en una charla sobre «libertad financiera» en el Hipódromo de Madrid. Afirmó que dos trabajadores del empresario le entregaron un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros.
Las causas por acoso y revelación de secretos
Otra investigación tiene su origen en los mensajes difundidos por ‘Alvise’ a través de su cuenta de Telegram contra la fiscal Susana Gisbert. El Supremo abrió diligencias en mayo de 2025 al apreciar que pudo haber actuado con «intención voluntaria y consciente de comprometer» la vida de la representante del Ministerio Público.
El eurodiputado declaró voluntariamente en junio de 2025. Gisbert, por su parte, ha declarado como testigo y ha señalado que los mensajes afectaron a su vida personal y profesional, llegando a perjudicar a su propia hija, a la que, según indicó, intentaron acceder a sus cuentas de redes sociales.
También permanece abierta la causa relacionada con los eurodiputados de SALF Diego Solier y Nora Junco. En octubre de 2025, el Supremo admitió a trámite una querella por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos después de que ambos denunciaran una «continua campaña de hostigamiento» en redes sociales.
En este procedimiento, el magistrado instructor Manuel Marchena aprecia una «intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas». ‘Alvise’ reconoció los mensajes en su declaración voluntaria, pero negó que pretendiera amenazarles. También en esta causa la Eurocámara ha iniciado los trámites para levantar su inmunidad.
La PCR de Illa y una protesta agrícola
Otra de las investigaciones está relacionada con la difusión de una PCR falsa que ‘Alvise’ atribuyó a Salvador Illa en 2021. El procedimiento comenzó en un juzgado de Barcelona y posteriormente fue remitido al Supremo tras la incorporación del líder de SALF al Parlamento Europeo.
‘Alvise’ se desvinculó de la creación de la PCR falsa y sostuvo ante el magistrado instructor que se trataba de un documento que «ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales».
Por último, la jueza Carmen Lamela instruye una sexta causa en la que el eurodiputado está investigado por un presunto delito de desorden público relacionado con publicaciones en su canal de Telegram que contenían llamamientos a la ocupación, bloqueo y «colapso» de diferentes espacios durante unas protestas agrícolas celebradas en 2024.