La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones ha rechazado la inversión de más de 30 millones de euros en el nuevo macro-CIE de Algeciras, una infraestructura que define como una “cárcel para inocentes” y como el símbolo de un modelo migratorio “fallido y cruel”.
El comunicado, difundido con motivo del 15 de junio, Día contra los CIE, sitúa esta denuncia en pleno proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España. La campaña advierte de que el internamiento en estos centros puede impedir que personas con derecho a acogerse a ese procedimiento lleguen a completar su solicitud.
La organización señala que la comunidad migrante organizada ha tenido un papel fundamental para que la regularización extraordinaria se pusiera en marcha y mantiene ahora su labor durante el periodo abierto para presentar solicitudes. Según expone, los colectivos migrantes siguen difundiendo información, acompañando a personas afectadas, asesorando a otros grupos y denunciando obstáculos en el proceso.
Entre esas trabas, la campaña menciona las dificultades relacionadas con el certificado de vulnerabilidad, los antecedentes penales o la falta de colaboración de algunas administraciones públicas. El colectivo considera que, pese a la apertura de este procedimiento, se siguen vulnerando derechos de personas en situación administrativa irregular.
En ese sentido, denuncia la existencia de identificaciones por perfil racial en las inmediaciones de consulados, registros públicos y estaciones de transporte. También alerta de que los dispositivos de deportación continúan desarrollándose “con igual o mayor frecuencia”.
El internamiento en los CIE, una amenaza para la regularización
La Campaña Estatal sostiene que el internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros supone una amenaza directa para el derecho a la regularización. Según el comunicado, el procedimiento actual no contempla de forma suficiente la necesidad de facilitar el acceso a la regularización a las personas privadas de libertad y tuteladas por la administración dentro de los CIE.
El colectivo habla de una “paradoja cruel e injusta”: personas que podrían estar en proceso de obtener su residencia han sido deportadas desde estos centros. En el texto cita los casos de Mounir y Oussama, cuyos intentos de deportación a Marruecos desde el CIE de Valencia pudieron ser paralizados, y el de Omar, desde el CIE de Algeciras, que también pudo continuar con el proceso.
La campaña advierte, sin embargo, de que conoce otros casos con circunstancias similares que no tuvieron el mismo desenlace. Entre ellos menciona la deportación de Abdou a Senegal. El comunicado añade que se desconoce cuántas personas en una situación parecida han sido detenidas y deportadas durante este periodo.
Críticas al acceso a la defensa jurídica
El comunicado también condena las dificultades que, según la campaña, encuentran las personas internadas en los CIE para acceder a la defensa letrada y a la tutela judicial efectiva. La denuncia se extiende a quienes permanecen detenidos hasta 72 horas en comisaría para la ejecución de una deportación exprés.
La campaña incluye también a los CATE, Centros de Atención Temporal de Extranjeros, que deberían cumplir una función humanitaria de atención a personas rescatadas en el mar. En estos espacios, según el colectivo, el acceso a la defensa puede acabar convertido en un “laberinto legal”.
El comunicado señala que la intervención de la abogacía de oficio en distintos procedimientos, como el internamiento, la expulsión u otros trámites, resulta a menudo desarticulada. Esta situación, según la campaña, dificulta que las personas internas puedan ejercer plenamente su derecho a una defensa efectiva.
El colectivo sostiene que, en ocasiones, el acceso jurídico queda reducido a un trámite y que los recursos contra el internamiento no reflejan las circunstancias reales de arraigo ni las situaciones de vulnerabilidad de las personas afectadas.
La campaña rechaza además los internamientos de carácter “automático”, al entender que no analizan cada caso de forma individual. En su opinión, deberían evitarse internamientos innecesarios cuando existen factores como la vulnerabilidad de la persona, su situación sanitaria o su grado de arraigo previo.
Obstáculos al acompañamiento de las organizaciones sociales
La Campaña Estatal también denuncia las dificultades que encuentran las organizaciones sociales para vigilar posibles vulneraciones de derechos dentro de los centros. Según el comunicado, la burocracia lenta y las restricciones de acceso impiden un acompañamiento humano y jurídico efectivo.
El texto recuerda que distintas organizaciones y plataformas han presentado quejas ante Juzgados de Control y ante la Defensoría del Pueblo por la falta de privacidad en las visitas. La campaña reclama espacios dignos donde pueda existir intimidad y pide eliminar obstáculos como las mamparas, que, según expone, los propios juzgados han ordenado retirar en algunos CIE, como los de Valencia y Aluche.
Para el colectivo, estas prácticas aumentan la opacidad de los centros, aíslan aún más a las personas internas y dificultan el control y la rendición de cuentas sobre lo que ocurre dentro de estas instalaciones.
Alerta por el Pacto Europeo de Migración y Asilo
El comunicado muestra también su preocupación por la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, conocido como PEMA, y por el Reglamento de Retorno de la Unión Europea. La campaña considera que ambas medidas afectan directamente a los CIE porque refuerzan la detención con el objetivo de aumentar las deportaciones o los retornos forzosos.
El colectivo alerta sobre la introducción del sistema de “triaje”, que, según denuncia, convierte a España en el gendarme de la denominada “Europa Fortaleza”. También sostiene que este modelo mercantiliza la protección y reduce las garantías mínimas para personas vulnerables y para menores de edad no acompañados por un familiar adulto.
La campaña denuncia que la Unión Europea y sus Estados miembros están normalizando un enfoque punitivo de la gestión migratoria, con políticas que intensifican los mecanismos de control, detención y vigilancia sobre personas en situación administrativa irregular.
El comunicado compara esta tendencia con el modelo del ICE estadounidense y advierte de una creciente criminalización tanto de las personas migrantes como de las organizaciones y ciudadanos que les prestan apoyo. A juicio de la campaña, esta situación afecta a derechos fundamentales como la solidaridad y la asistencia humanitaria.
El texto también alerta del riesgo de prácticas discriminatorias, como paradas policiales desproporcionadas en espacios públicos, y rechaza la externalización de la gestión del asilo hacia terceros países que, según el colectivo, no garantizan estándares adecuados de protección de los derechos humanos.
Rechazo a los centros de retorno en terceros países
La Campaña Estatal expresa su alarma por la ampliación de la lista de “países seguros” en Europa y por la posibilidad de crear centros de internamiento en terceros países, denominados centros de retorno. El colectivo entiende que esta medida amplía la externalización del control migratorio más allá de las fronteras europeas.
El comunicado insta al Gobierno de España a mantener su oposición a estas medidas, especialmente a la creación de centros de retorno en terceros países. La campaña sostiene que estos espacios vulneran estándares internacionales de protección de los derechos humanos por el escaso control efectivo, el acceso limitado a asistencia jurídica, la insuficiente protección internacional y el riesgo de vulneración del principio de no devolución.
El colectivo reclama además transparencia y respuestas sobre los centros de detención construidos en Mauritania, financiados con dinero del Gobierno de España y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea.
La campaña rechaza de forma frontal lo que define como un modelo de externalización de cárceles en países donde, según denuncia, no se respetan los derechos humanos ni la dignidad de las personas.
Crítica directa al macro-CIE de Algeciras
El comunicado dedica una crítica específica al nuevo macro-CIE de Algeciras. La campaña rechaza que se destinen más de 30 millones de euros a esta infraestructura y sostiene que responde a una lógica de internamiento masivo.
El colectivo cuestiona que esta inversión se produzca en una comarca que, según denuncia, sufre graves carencias en sanidad e infraestructuras sociales. Frente a ese modelo, reclama que los fondos públicos se orienten hacia políticas de acogida, inclusión y garantía de derechos.
Para la Campaña Estatal, el centro proyectado en Algeciras representa el inicio de un modelo de macrocentros que debería ser descartado. Por ello, exige el cierre definitivo de todos los CIE y la oposición a este tipo de infraestructuras.
Las exigencias de la campaña
La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones reclama la puesta en libertad de todas las personas internas en CIE, CATE o detenidas en comisaría para ejecutar una orden de expulsión o devolución cuando puedan acogerse a la regularización extraordinaria. El colectivo recuerda que el procedimiento permite revocar la orden.
También exige mecanismos que garanticen que las personas que hayan solicitado la regularización no sean internadas ni deportadas mientras sus expedientes se encuentren en tramitación.
Entre sus demandas figuran además el cierre definitivo de todos los CIE, el rechazo al modelo de macrocentros iniciado en Algeciras, un compromiso firme de las autoridades españolas contra la externalización de fronteras y la oposición a la creación de centros de detención en terceros países.
La campaña pide, asimismo, el fin de las normativas que criminalizan la migración y una apuesta por vías seguras y legales.
El comunicado concluye con un mensaje central: “Migrar es un derecho”. La Campaña Estatal sostiene que el internamiento y la privación de libertad por razones administrativas son “una mancha” en la democracia.