El crimen tenía todos los elementos de un ajuste de cuentas: un hombre de nacionalidad holandesa hallado con un tiro en la cabeza, un vehículo incendiado a varios kilómetros del lugar del asesinato y una víctima relacionada, según la investigación, con el tráfico de hachís entre la Costa del Sol, Holanda y Francia. Sin embargo, el jurado popular no ha visto pruebas suficientes para condenar a los dos acusados.
El jurado popular ha declarado inocentes a las dos personas juzgadas en la Audiencia Provincial de Cádiz por el asesinato de un hombre holandés ocurrido el 15 de enero de 2022 en Chiclana de la Frontera, según han indicado fuentes judiciales a Europa Press.
La víctima fue localizada con un disparo en la cabeza en el Polígono Pelagatos, en Chiclana. La acusación sostenía que se trató de una ejecución vinculada a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.
La Fiscalía solicitaba para los dos acusados 28 años de prisión: 23 años por un delito de asesinato y otros cuatro por tenencia ilícita de armas y daños mediante incendio. Además, reclamaba una indemnización de 274.000 euros para la viuda y el hijo de la víctima.
Según el escrito de calificación fiscal, los acusados se habrían desplazado desde Málaga hasta Chiclana de la Frontera en un coche de alquiler, provistos de un arma corta de fuego para la que no contaban con la preceptiva licencia. La Fiscalía mantenía que, una vez en el Polígono Pelagatos, dispararon a la víctima en la sien.
Después del crimen, los acusados habrían conducido hasta la zona del Pinar de los Franceses, situada a unos nueve kilómetros del lugar del asesinato, donde supuestamente prendieron fuego al vehículo con el objetivo de eliminar restos identificativos que pudieran vincularlos con los hechos.
La Guardia Civil detalló tras el arresto de cinco personas por este suceso que la víctima realizaba actividades relacionadas con el tráfico de hachís entre la Costa del Sol, Holanda y Francia. También se informó entonces de que el fallecido estaba relacionado con un caso de narcotráfico de la conocida como “mocro mafia” holandesa.
La defensa, por su parte, pidió la absolución de ambos acusados desde el inicio. En su escrito sostuvo que ninguno de los dos se encontraba en la provincia de Cádiz el día del crimen: uno estaría en la provincia de Málaga y el otro, fuera de España.
Además, la defensa expuso que la víctima figuraba como testigo protegido tras haber destapado y declarado ante la Policía contra el líder de la “mocro mafia” holandesa. Según esta versión, el hombre viajó a España desde su país días antes de ser asesinado porque tenía concertada una cita “muy importante” en Conil con dos personas pertenecientes a la organización criminal de la que supuestamente formaba parte, personas que la defensa consideraba totalmente ajenas a sus defendidos.
Los letrados reconocieron que uno de los acusados conocía a la víctima y que ambos llegaron a comer con ella en los días previos a su muerte, aunque subrayaron que después de esos encuentros no volvieron a tener contacto con el fallecido.
La defensa también sostuvo que, a raíz de las investigaciones policiales y de las declaraciones de los testigos, se había podido comprobar que sus defendidos nunca estuvieron en el lugar del asesinato ni en el punto donde ardió el vehículo. En este sentido, advirtió de que las únicas personas vistas en el lugar del incendio eran dos personas que inicialmente tuvieron la condición de investigadas y que posteriormente fueron apartadas de la causa, según su planteamiento, “sin explicación alguna”.
Otro de los argumentos de la defensa fue que los acusados no contaban con antecedentes previos a este caso. Uno de ellos, según expuso, está jubilado, mientras que el otro se encontraba de baja por depresión.
Para la defensa, sobre la víctima pesaba un “precio por su cabeza” y llevaba tiempo huyendo de la mafia holandesa. Su tesis es que el asesinato fue un ajuste de cuentas organizado directamente por la organización criminal a la que un día perteneció y que después habría traicionado.
Finalmente, el jurado popular ha determinado que los dos acusados son inocentes al considerar que no existían pruebas suficientes. En concreto, ha valorado la ausencia de testimonios directos y la falta de elementos que permitan acreditar que fueran ellos quienes asesinaron al hombre o quienes incendiaron el coche para eliminar posibles pruebas incriminatorias.