La Fiscalía General del Estado ha alertado en su memoria anual de 2025 de una violencia «cada vez más visible» vinculada al narcotráfico en Andalucía, donde también detecta una mayor presencia de personas procedentes de los Balcanes o Ucrania integradas en bandas profesionalizadas que utilizan armamento «no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».
El informe sitúa a Andalucía entre las comunidades más afectadas por el narcotráfico debido a sus características geográficas y sociales y considera que probablemente sea el territorio donde este fenómeno se hace «más visible». Una realidad en la que el Estrecho continúa ocupando un lugar destacado, aunque la Fiscalía advierte de que las embarcaciones de alta velocidad ya no operan únicamente en esta zona.
Según recoge la memoria, las narcolanchas se desplazan «cada vez más» hacia provincias como Huelva, Almería y Málaga, un movimiento que refleja la expansión de este tipo de actividad hacia otros puntos del litoral andaluz. El documento también señala que el tráfico de cocaína está ganando peso en Cádiz, Sevilla y Huelva.
En el caso de Algeciras, la Fiscalía apunta a la tradicional entrada de cocaína a través de los contenedores. En las zonas de Barbate, Sanlúcar y el Guadalquivir, por su parte, señala que las embarcaciones semirrígidas han dejado de utilizarse únicamente para transportar hachís y se emplean «con normalidad» para llevar cocaína descargada desde embarcaciones en alta mar.
Más armas y bandas criminales profesionalizadas
La Fiscalía asegura que existe una «alarma» compartida entre sus delegados en Andalucía ante una «mayor presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos». A ello añade la constatación de una mayor presencia de personas procedentes de países de los Balcanes o de Ucrania integradas en bandas dedicadas en muchos casos a robos.
En la provincia de Cádiz se incoaron 24 procedimientos por tenencia de armas. La memoria destaca además la incautación de cuatro fusiles AK-47 —Kalashnikov— en Jerez y Sanlúcar, en tres operaciones diferentes, además de armas automáticas, subfusiles y fusiles en los entornos de Barbate y Chiclana.
La situación también se reproduce en otras provincias. En Almería se incautaron 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes, mientras que en Sevilla se hace referencia a una presencia creciente de armas de fuego. La Fiscalía recuerda además la incautación de armas de guerra con las que narcotraficantes abrieron fuego contra la Policía durante una operación en Coria del Río.
El Ministerio Fiscal vincula esta evolución a una pérdida de respeto al principio de autoridad «cada vez más visible» y recuerda «situaciones límite» como la vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles. También menciona el asesinato, el 28 de octubre, de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal con una narcolancha que lo embistió y dejó otros tres heridos.
Almería registra un fuerte incremento de la cocaína
La Fiscalía profundiza también en el desplazamiento de la actividad de las narcolanchas hacia Almería, donde asegura que se ha producido un aumento exponencial de la incautación de cocaína.
En esta provincia se contabilizaron 1.255 kilos frente a los 324 del año anterior, lo que supone un incremento del 287%. También aumentó con fuerza la presencia de resina de cannabis, superando las 18 toneladas frente a las cuatro toneladas del ejercicio anterior, un 350% más.
Para la Fiscalía, estos datos reflejan el desplazamiento de los puntos de alijo hacia zonas geográficas contiguas donde se espera una «menor presión policial».
En Huelva, mientras tanto, se incautaron 63.301 kilos de hachís, convirtiéndose en la segunda provincia andaluza en cantidad intervenida. La cifra supone un incremento del 201,8% respecto a los 20.975 kilos registrados en 2024.
Cádiz y Málaga ante grandes organizaciones criminales
La memoria también aborda las particularidades de otras provincias andaluzas. En Granada señala la extensión del tradicional cultivo interior, cada vez más controlado por organizaciones extranjeras —albanesas, lituanas, holandesas y otras— que, según la Fiscalía, están llegando a expulsar violentamente de sus viviendas a vecinos tradicionales.
En cuanto a las delegaciones de Málaga y Marbella, la Fiscalía considera que se enfrentan a una criminalidad «más sofisticada y menos evidente que la sufrida por Cádiz o Huelva, pero no menos peligrosa».
El organismo atribuye esta situación a la instalación de grandes organizaciones criminales dedicadas a distintos tráficos y al blanqueo de las ganancias mediante la creación de «entramados empresariales de todo tipo cuya investigación se alarga por la ausencia de una estructura judicial adecuada a este fenómeno».