El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha cifrado en 3,5 millones de euros anuales el coste que supondría para el Ayuntamiento asumir las reivindicaciones económicas planteadas por las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Durante su intervención en el pleno municipal, el regidor aseguró que se trata de una cantidad que las cuentas municipales “no pueden” asumir.
Franco explicó que el origen del problema se encuentra, a su juicio, en el precio por hora fijado por la Junta de Andalucía para la prestación del servicio. Según señaló, el Ayuntamiento no obtiene margen económico de esa financiación y, además, adelanta los pagos antes de recibir las correspondientes transferencias de la administración autonómica.
El alcalde recordó también que el Ayuntamiento de La Línea se encuentra sometido a un plan de ajuste, circunstancia que condiciona su capacidad presupuestaria. Según explicó, dispone ya de informes de la Intervención de Fondos y de la Vicesecretaría municipal que impedirían atender la reivindicación en los términos planteados.
“A mí me encantaría poder contar lo contrario, que las trabajadoras vayan a cobrar más y estén más contentas, pero es que este Ayuntamiento no puede”, afirmó durante el pleno.
Franco señala a la Junta como administración competente
El regidor manifestó su disposición a trabajar junto al comité de empresa para trasladar las reivindicaciones a las administraciones que considera competentes. En este sentido, defendió que la atención a la dependencia es una competencia asumida por la Junta de Andalucía en el Estatuto de Autonomía y criticó que posteriormente se haya asignado su gestión a los ayuntamientos.
Franco estableció además una comparación entre municipios con distinta capacidad económica. “Un Ayuntamiento rico como San Roque puede suplementarlo; un Ayuntamiento pobre como el nuestro no puede”, sostuvo.
Durante su intervención aportó también cifras sobre el volumen del servicio en la ciudad. Según detalló, mientras la media de población mayor de 65 años en los municipios de la provincia de Cádiz se encuentra en torno al 19,4%, en La Línea se sitúa aproximadamente entre el 16,6% y el 16,8%.
Pese a ello, aseguró que el número de personas atendidas es proporcionalmente muy superior al de otros municipios. Como ejemplo citó El Puerto de Santa María, señalando que, por cada persona mayor atendida allí, en La Línea se atenderían aproximadamente tres.
Más de 650 trabajadoras vinculadas al servicio
Franco indicó que el servicio cuenta actualmente en La Línea con más de 650 trabajadoras, frente a las aproximadamente 300 que, según sus datos, habría en El Puerto de Santa María.
El alcalde insistió en que asumir las reclamaciones formuladas supondría incorporar un gasto recurrente de aproximadamente 3,5 millones de euros cada año, una cantidad que, según advirtió, podría seguir creciendo debido al incremento de usuarios y de plantilla.
A esta situación añadió las obligaciones salariales del propio Ayuntamiento. Franco señaló que una actualización de las retribuciones de los empleados municipales podría requerir más de un millón de euros adicionales. La plantilla directa municipal, apuntó, está integrada por menos de 600 trabajadores.
La municipalización elevaría el impacto por encima de ocho millones
El alcalde abordó también la petición de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. Según sus cálculos, incorporar directamente a las más de 650 trabajadoras actuales a un Ayuntamiento que dispone de alrededor de 600 empleados propios tendría un fuerte impacto económico.
Franco sostuvo que, una vez incorporadas, las nuevas trabajadoras podrían reclamar la equiparación salarial con los auxiliares municipales conforme al convenio del Ayuntamiento. Esa situación, aseguró, podría provocar un desfase superior a ocho millones de euros.
“Yo no puedo hipotecar al Ayuntamiento”, afirmó el alcalde, quien vinculó su posición a las limitaciones económicas y legales de la administración local.
Franco también hizo referencia al convenio laboral actualmente vigente en el sector, aprobado hace aproximadamente dos años, y señaló que para el próximo ejercicio contempla, según indicó durante el pleno, una subida del 8%, además de una reducción progresiva de la jornada laboral.
“Es un gasto recurrente”
El regidor rechazó que el conflicto pueda solucionarse mediante una pequeña modificación presupuestaria. Puso como ejemplo una hipotética partida de 200.000 euros, cantidad que, según indicó, ni siquiera permitiría cubrir el 10% de las reivindicaciones planteadas.
Franco incidió especialmente en que los más de tres millones de euros necesarios no constituirían un desembolso puntual, sino un gasto que tendría que repetirse cada ejercicio.
Según expuso, la financiación vinculada al servicio habría pasado de situarse hace unos años en el entorno de los tres o cuatro millones de euros a alcanzar actualmente alrededor de 13 millones.
La población atendida, añadió, supera ya aproximadamente las 2.000 personas, mientras que la plantilla habría evolucionado desde poco más de un centenar de trabajadoras hasta las más de 650 actuales.
El alcalde advirtió de que, si se mantiene el ritmo de crecimiento, en un plazo de dos años podrían alcanzarse las 800 trabajadoras, lo que elevaría aún más el coste de atender las reivindicaciones.
Franco concluyó mostrando su disposición a analizar las demandas, las previsiones de la Junta de Andalucía y el próximo convenio laboral, y afirmó que acompañará a las trabajadoras en sus reivindicaciones ante las administraciones competentes al considerar que se trata de una cuestión “de justicia”.