La Policía Nacional ha detenido a 12 personas y ha liberado a 12 mujeres en La Línea de la Concepción durante una operación contra una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
La investigación comenzó en 2024 y se ha prolongado durante más de un año. Los detenidos están considerados presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración irregular, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y otros delitos conexos.
Durante el operativo se han practicado además 13 registros domiciliarios, en los que los agentes intervinieron abundante material considerado de interés para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades de los investigados.
Doce mujeres liberadas durante la operación
Los agentes localizaron y liberaron a 12 mujeres, consideradas presuntas víctimas de explotación sexual.
Según las pesquisas, la organización habría desarrollado una estructura destinada a captar a mujeres extranjeras en situación de especial vulnerabilidad mediante falsas expectativas laborales relacionadas con el ejercicio de la prostitución.
Una vez aceptaban las condiciones ofrecidas, eran trasladadas y alojadas en diferentes inmuebles, donde comenzaba presuntamente un sistema de explotación basado en el control permanente de su actividad.
La investigación apunta a que el grupo se aprovechaba de la situación económica y administrativa de las mujeres, muchas de ellas en situación irregular, para ejercer presión sobre ellas y dificultar que abandonaran la actividad o denunciaran lo que estaba ocurriendo.
Vigilancia, amenazas y dependencia económica
Los investigadores detectaron un sistema de vigilancia y control constante con el que presuntamente se restringían los movimientos de las mujeres.
La organización habría establecido sus horarios, seleccionado a los clientes y gestionado la totalidad de la actividad desarrollada en los inmuebles.
Las víctimas permanecían supuestamente bajo un estricto control mediante amenazas e intimidaciones, además de una situación de dependencia económica generada por el pago continuado de alquileres, comisiones y otros gastos impuestos por los responsables del grupo.
Las mujeres residían además en los mismos inmuebles donde eran explotadas sexualmente, permaneciendo aisladas y sometidas a supervisión continua.
La Policía detectó indicios compatibles con situaciones de explotación y coerción, además de distintos mecanismos destinados presuntamente a impedir que las mujeres pudieran abandonar el entorno controlado por la organización.
Viviendas propiedad de una sociedad con sede en Gibraltar
Uno de los elementos de la investigación permitió determinar que los inmuebles utilizados para desarrollar la actividad investigada eran propiedad de una sociedad mercantil con sede en Gibraltar.
Desde esta sociedad se articulaba la titularidad de las viviendas presuntamente utilizadas por la organización. Las pesquisas también permitieron establecer un supuesto reparto de funciones entre los integrantes del grupo.
Según la investigación, sus miembros asumían diferentes responsabilidades relacionadas con la captación de mujeres, la gestión de los inmuebles, el control de las víctimas, la organización de los servicios, la seguridad de los pisos y la obtención de los beneficios económicos derivados de la explotación sexual.