María no pide que le regalen una vivienda. Tampoco pretende quedarse indefinidamente en una casa que ahora tiene otro propietario. Lo único que busca es un alquiler para poder seguir viviendo con su hijo de nueve años y sus padres, de avanzada edad, en La Línea. Sin embargo, lo que debería ser una búsqueda de vivienda se ha convertido en una carrera desesperada contra el tiempo. Después de más de 20 años bajo el mismo techo, la familia tiene como fecha límite para marcharse este jueves, 15 de octubre, y todavía no sabe dónde podrá comenzar una nueva vida.
Su historia la ha contado en una entrevista concedida a Rubén García, de Área Campo de Gibraltar, en la que ha expuesto una realidad que, según denuncia, afecta a quienes intentan acceder al mercado del alquiler y se encuentran con requisitos cada vez más exigentes.
En su caso, las dificultades se multiplican por las circunstancias familiares. Su hijo tiene parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 67%, mientras que sus padres son personas mayores. María asegura que estas condiciones, lejos de facilitar la búsqueda de una vivienda adaptada a sus necesidades, están provocando que numerosos propietarios descarten su candidatura prácticamente desde el primer contacto.
«Yo no me esperaba que esto estuviera así. Ahora no quieren niños, no quieren pensiones de personas jubiladas. Y eso es lo que somos nosotros», lamenta durante la conversación.
La mujer sostiene que basta con mencionar que tiene un hijo de nueve años para percibir un cambio en la actitud de algunos arrendadores. Las conversaciones, explica, suelen terminar con una respuesta que ya conoce demasiado bien.
«Ya te llamaremos. Y ese ‘ya te llamaremos’ nunca, nunca ocurre», relata.
Una vivienda de más de 20 años que cambió de propietario
La situación familiar se precipitó después de que la vivienda en la que llevaban residiendo más de dos décadas terminara en manos de una entidad bancaria a raíz de circunstancias personales y fuera posteriormente adquirida por un nuevo propietario mediante una subasta.
Según explica María, el comprador se hizo con el inmueble hace aproximadamente dos meses y, desde entonces, la familia se ha encontrado con la exigencia de abandonar la casa en un plazo muy reducido.
La entrevistada denuncia que el nuevo propietario recurrió a una empresa de desocupación para gestionar la salida de los residentes. En su testimonio asegura que sus padres vivieron momentos de tensión durante las primeras visitas y relata un episodio en el que, según su versión, se produjeron comportamientos intimidatorios, incluidas patadas al vehículo de su padre.
También sostiene que la familia se sintió coaccionada para firmar un acuerdo relacionado con la salida de la vivienda y que apenas dispuso de un mes y medio para organizar el traslado.
«En un mes y medio tienes que desalojar toda una vivienda, con las pertenencias, con todo lo que tiene una familia en un hogar. Mi niño también, con todas sus cosas», explica.
La pasada semana, María intentó contactar nuevamente con el propietario para negociar una ampliación del plazo. Según su relato, la respuesta fue negativa y se mantuvo el 15 de octubre como fecha para abandonar el inmueble.
Estas circunstancias corresponden al testimonio ofrecido por la afectada en la entrevista, sin que conste en ella la versión del nuevo propietario ni de la empresa mencionada.
El problema no es querer quedarse, sino no encontrar dónde ir
Pese a lo ocurrido, María insiste en que no quiere convertir su situación en un enfrentamiento con el dueño de la propiedad.
La familia ha asumido que debe marcharse y asegura que no pretende prolongar el conflicto. El problema es que, aunque está buscando activamente otra vivienda y dispuesta a pagar un alquiler, no consigue que le den una oportunidad.
«Una quiere salir de ahí porque ya tiene un nuevo propietario, pero no nos dan posibilidades. Piden muchos requisitos y, a lo mejor, por una cosa o por otra, no los cumplimos», explica.
La situación pone de manifiesto uno de los principales obstáculos que encuentran determinados perfiles de inquilinos: las garantías que exigen los arrendadores ante el temor a posibles impagos o a las dificultades para recuperar sus inmuebles cuando surgen conflictos.
María comprende que los propietarios quieran proteger sus viviendas y sus inversiones. Su reivindicación no se dirige contra quienes han adquirido una propiedad con su esfuerzo, sino contra una realidad en la que familias dispuestas a cumplir con sus obligaciones económicas pueden quedarse fuera del mercado del alquiler por sus circunstancias personales.
En su caso, asegura que la presencia de un menor y la edad de sus padres están suponiendo barreras adicionales. Y detrás de esas negativas hay un niño que necesita estabilidad y unas personas mayores que, después de dos décadas en el mismo hogar, deben afrontar un cambio de vida sin tener garantizada una alternativa.
«No sé dónde voy a estar con mi hijo»
Es en este punto de la entrevista donde María deja ver con mayor claridad la angustia que atraviesa. La familia ya ha decidido marcharse, pero el destino sigue siendo una incógnita.
«Todavía no sabemos dónde. Yo, por lo menos, no sé dónde voy a estar con mi hijo», confiesa.
Existe la posibilidad de que algún familiar pueda acogerlos temporalmente, aunque María reconoce que ni siquiera esa solución está garantizada.
«Tenemos familia que nos podrá coger un tiempo, quizás. No lo sé, porque nadie se ha ofrecido tal cual para decir: mira, no hay problema, vente aquí», explica.
Más allá de encontrar un techo provisional, le preocupa cómo afectará esta situación a su hijo y a sus padres. No sabe en qué condiciones podrán vivir ni si el lugar al que finalmente tengan que trasladarse reunirá las comodidades necesarias para el pequeño.
«No sé las comodidades que voy a tener para mi hijo. Son muchas cosas. Y yo tengo esa pena como madre, sobre todo por él y por mis padres, que ya son mayores».
Su hermana se ha convertido en uno de los principales apoyos de la familia y está ayudando a afrontar la situación. Sin embargo, esa ayuda no resuelve el problema de fondo: necesitan una vivienda en la que puedan establecerse con unas condiciones normales, sin depender indefinidamente de la acogida de familiares.
Dispuestos a pagar un alquiler, pero sin oportunidades
María insiste en que no está buscando una vivienda gratuita ni pretende que ningún particular asuma las dificultades de su familia.
Lo que reclama es la posibilidad de acceder a un alquiler convencional, con unas condiciones que puedan asumir económicamente.
«Un alquiler normal, que ya miraríamos cómo hacernos cargo. Al final yo soy joven y no me niego a trabajar, no me niego a buscarme la vida como sea», asegura.
También explica que se encuentra inscrita en las listas de acceso a vivienda pública, aunque considera que los tiempos de espera son incompatibles con la urgencia que atraviesan.
Ha oído hablar de nuevas promociones de viviendas, pero teme que resulten insuficientes para atender la demanda y que, cuando estén disponibles, su familia lleve demasiado tiempo sin un hogar estable.
«Una lista de espera infinita», resume durante la entrevista.
Su relato plantea una cuestión que va más allá de la pérdida de una vivienda concreta: qué alternativas tienen las familias que necesitan alquilar, pueden comprometerse a pagar, pero no superan los filtros que encuentran en el mercado inmobiliario.
Para María, la ausencia de respuestas resulta especialmente dolorosa porque no está solicitando un privilegio, sino una oportunidad para recuperar la normalidad.
«Me he visto muy abandonada como ciudadana, la verdad», reconoce.
Una petición de humanidad antes de quedarse sin casa
A lo largo de la conversación con Rubén García, María evita presentar su historia como una batalla contra los propietarios. Reconoce la situación de la vivienda, acepta que ha cambiado de dueño y asegura que su familia quiere evitar nuevos problemas.
Su petición se dirige a quienes puedan ofrecer una alternativa habitacional y a las administraciones, a las que reclama más recursos para las personas que atraviesan circunstancias similares.
«Que nos den una oportunidad, porque al final yo creo que tendría que haber un poco más de humanidad aquí en este pueblo», reclama.
La entrevista concluye con María apelando a la ayuda de las administraciones y a la posibilidad de encontrar una solución que permita a su familia continuar adelante.
«Eso espero, por favor. Lo pido de verdad», responde al despedirse.
Este jueves, 15 de octubre, es la fecha fijada por el nuevo propietario para que abandonen la vivienda en la que han pasado más de 20 años. María, su hijo y sus padres afrontan esa jornada sin tener asegurado un nuevo hogar.
Su historia no es únicamente la de una familia que tiene que marcharse de una casa. Es también la de quienes descubren que encontrar otra puede resultar extraordinariamente difícil cuando tienen hijos, son mayores o necesitan condiciones de vida específicas.
María no pide quedarse en la vivienda de otra persona. Pide que alguien le dé la oportunidad de alquilar una donde su hijo y sus padres puedan seguir viviendo.