La política española afronta este viernes una jornada especialmente relevante. El Congreso de los Diputados celebra desde las 11:00 horas un Pleno extraordinario para decidir si convalida o deroga los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes. La negativa anunciada por Junts a respaldarlos complica la aritmética del Gobierno y ha vuelto a situar sobre la mesa el debate acerca de un posible adelanto de las elecciones generales.
Por ahora, Pedro Sánchez no ha convocado elecciones ni ha anunciado que tenga intención de hacerlo. El Gobierno, de hecho, ha decidido mantener los dos decretos y llevarlos a votación pese a conocer el rechazo de Junts, que se suma a la oposición expresada por PP y Vox. Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo no dará «un paso atrás» en sus medidas sobre vivienda.
Los dos textos llegan al Congreso después de unas jornadas marcadas por las movilizaciones relacionadas con la crisis de la vivienda. Entre las medidas que se someten a votación se encuentran actuaciones para ampliar la oferta asequible, medidas fiscales, protección de personas arrendatarias y mecanismos frente a determinados desahucios, mientras el segundo decreto se centra en reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
El escenario parlamentario se complicó definitivamente el jueves por la noche, cuando Junts anunció que votaría en contra de ambos decretos y pidió al Gobierno que los retirase para elaborar un nuevo texto. El Ejecutivo rechazó esa posibilidad y decidió someterlos igualmente al criterio de la Cámara.
¿Elecciones generales el 29 de noviembre?
La posibilidad de que los decretos sean rechazados ha abierto inmediatamente otra pregunta: ¿qué ocurriría si Sánchez decidiera adelantar las elecciones?
El 29 de noviembre de 2026 aparece como la primera fecha dominical compatible con una convocatoria inmediata. Se trata, en cualquier caso, únicamente de un escenario hipotético: a esta hora no existe convocatoria electoral ni anuncio oficial del presidente del Gobierno.
La clave se encuentra en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Su artículo 42 establece que, cuando el presidente hace uso de su facultad de disolución anticipada, el decreto de convocatoria se publica al día siguiente de su expedición y los comicios deben celebrarse el día 54 posterior a la convocatoria.
De esta forma, para que las urnas se abrieran el domingo 29 de noviembre, el decreto tendría que publicarse en el BOE el martes 6 de octubre. El calendario electoral comenzaría a correr desde ese momento.
En ese hipotético escenario, las candidaturas tendrían que presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, las listas serían proclamadas el 2 de noviembre y la campaña electoral comenzaría el viernes 13 de noviembre. Tras los quince días de campaña y la jornada de reflexión del sábado 28, las elecciones se celebrarían el domingo 29.
El PP pide elecciones si caen los decretos
El posible adelanto ha entrado de lleno en el debate político. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido a Sánchez que convoque elecciones en caso de que los dos decretos sean rechazados este viernes.
Muñoz considera que la votación funciona políticamente como una «especie de cuestión de confianza encubierta» y sostiene que un rechazo parlamentario debería llevar al presidente a convocar a los ciudadanos a las urnas. Se trata de la posición política expresada por el PP y no de una consecuencia jurídica automática de la votación.
La portavoz popular también ha recordado que el Parlamento aprobó el pasado 10 de septiembre una serie de propuestas de su formación en materia de vivienda y ha reprochado al Ejecutivo que no las haya incorporado.
Respecto a Junts, Muñoz ha afirmado que no le sorprende su voto contrario después de las críticas realizadas por la formación catalana a los decretos. Junts sostiene que varias de las medidas podrían reducir la oferta de alquiler, incrementar precios y perjudicar el acceso a la vivienda, argumentos que el Ministerio de Vivienda rechaza.
Dos decretos con apoyos diferentes
La situación parlamentaria presenta además matices entre ambos textos. Podemos ha confirmado que respaldará los dos decretos, aunque considera insuficientes las medidas, mientras que el PNV ha anunciado posiciones diferentes para cada uno.
Los nacionalistas vascos apoyarán el decreto que incorpora ayudas fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, pero rechazarán el relativo a la renovación de los contratos de alquiler. Junts, en cambio, ha anunciado su negativa a los dos.
La votación servirá así para conocer el respaldo parlamentario concreto que conserva el Gobierno para estas medidas, pero su resultado no obliga legalmente a Sánchez a convocar elecciones. La decisión de disolver anticipadamente las Cortes corresponde al presidente del Gobierno.
Por ello, el 29 de noviembre debe entenderse exclusivamente como la primera fecha que permitiría el calendario electoral ante una hipotética convocatoria inmediata, no como una fecha decidida. Antes, el Congreso tiene la palabra sobre los decretos y, después, corresponderá a Sánchez decidir qué consecuencias políticas extrae del resultado.