El futuro del Centro de Formación La Pólvora entra en una nueva fase. El Ayuntamiento de San Roque comenzará a preparar la licitación para que un operador privado pueda impartir formación en el edificio si la Junta de Andalucía no lo incorpora antes a la red pública de Formación Profesional. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha establecido un plazo de seis meses que califica de «improrrogable» antes de avanzar hacia la adjudicación.
El regidor endurece así su posición después de años reclamando que el inmueble tenga el uso educativo para el que fue concebido. El edificio terminó de construirse en febrero de 2022 con una inversión municipal superior a 1,2 millones de euros, pero continúa sin albergar la oferta de Formación Profesional planteada inicialmente.
«Después de cuatro años de espera de un edificio que se va deteriorando del escaso uso, nos vemos obligados a esa licitación privada», ha señalado Ruiz Boix, que responsabiliza de esta situación a la falta de respuesta de la Administración autonómica y reclama directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que reconsidere su posición.
La intención municipal continúa siendo que La Pólvora se incorpore a la enseñanza pública. De hecho, si la Junta decide recepcionar el inmueble y comprometerse con una oferta pública de FP antes de que concluya el procedimiento, el proceso para su gestión privada quedaría aplazado. El Ayuntamiento plantea tanto su funcionamiento como ampliación del IES Carlos Castilla del Pino como la posibilidad de convertirlo en un instituto independiente.
Hasta seis ciclos ligados a la industria de San Roque
El proyecto nació precisamente con el objetivo de ampliar la oferta del IES Carlos Castilla del Pino. La propuesta contempla hasta seis ciclos formativos —uno de grado básico, tres de grado medio y dos de grado superior— relacionados con perfiles profesionales vinculados al tejido industrial del municipio.
Entre las especialidades planteadas se encuentran calderería, soldadura e instrumentación, además de otras enseñanzas relacionadas con las necesidades profesionales de las empresas asentadas en San Roque. Ruiz Boix sostiene que la propuesta fue elaborada junto a la comunidad educativa y teniendo en cuenta sectores como la industria, el hidrógeno verde y la actividad offshore.
El alcalde recuerda que uno de los argumentos utilizados inicialmente para no recepcionar el inmueble fue la existencia de un problema constructivo cuya subsanación requería una actuación de unos 600 euros. El defecto quedó corregido en 2023, pero el centro ha continuado desde entonces sin la actividad de FP prevista.
«Desde el 2023 hasta hoy, son cuatro años sin que se sume oferta pública de ciclos formativos», ha lamentado Ruiz Boix, quien considera especialmente difícil de entender esta situación por la concentración industrial existente en San Roque y la demanda de trabajadores especializados.
Marzo de 2027, la fecha límite
Ante esta situación, el Gobierno municipal comenzará a preparar los pliegos técnicos y jurídicos necesarios para sacar el inmueble a licitación. Posteriormente deberán publicarse y estudiarse las ofertas presentadas.
Las previsiones trasladadas por el alcalde sitúan en marzo de 2027 la posible adjudicación. Hasta entonces, la puerta permanecerá abierta a la Junta: Ruiz Boix ha dado seis meses para que la Administración autonómica decida si quiere asumir el edificio y dotarlo de Formación Profesional pública.
«Espero que la Junta de Andalucía reflexione, espero que Moreno Bonilla reflexione», ha afirmado el alcalde, que también reclama que la actual responsable autonómica de Educación conozca el proyecto y valore su incorporación a la red pública.
El canon se convertiría en matrículas gratuitas
Si finalmente se opta por la gestión privada, el Ayuntamiento asegura que no pretende obtener un beneficio económico por la explotación del inmueble. La legislación obliga, según ha explicado Ruiz Boix, a fijar un canon, y el Gobierno local plantea utilizarlo para facilitar el acceso a estos estudios a jóvenes sanroqueños con dificultades económicas.
El importe que se baraja estaría situado entre 60.000 y 80.000 euros anuales. La propuesta es que ese dinero se transforme en becas o bonos para sufragar matrículas de estudiantes procedentes de familias con menos recursos y derivados desde los servicios sociales municipales.
Ruiz Boix ha cifrado en torno a 5.000 euros el coste medio de un ciclo de grado medio y en unos 8.000 el de uno de grado superior. Con estas cantidades como referencia, el canon podría permitir financiar los estudios de más de una decena de alumnos cada curso.
«El Ayuntamiento de San Roque quería ceder gratuitamente este edificio para una oferta pública; desgraciadamente nos vemos obligados, empujados por Moreno Bonilla, a una oferta privada», ha afirmado el alcalde.
El regidor recuerda que el Ayuntamiento no tiene competencias para impartir enseñanzas regladas que conduzcan a titulaciones oficiales. De ahí que plantee esta fórmula como alternativa para evitar que el edificio continúe infrautilizado mientras espera una decisión de la Junta. Los próximos seis meses serán, según el plazo marcado por Ruiz Boix, decisivos para determinar si La Pólvora termina acogiendo Formación Profesional pública o avanza hacia una gestión privada.