Los chiringuitos de Tarifa y del resto de la costa andaluza no tendrán que desmontar, por el momento, sus infraestructuras una vez terminada la temporada de verano. La situación se mantendrá como hasta ahora mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación presentado por la Junta de Andalucía, según adelanta El Correo de Andalucía.
El origen del conflicto está precisamente en Tarifa. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la modificación de la concesión de un establecimiento de la provincia de Cádiz que le permitía mantener sus estructuras fijas sobre la arena durante todo el año. El procedimiento partió de una denuncia presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin embargo, esa resolución no se llevará a efecto de momento debido al recurso interpuesto por la Junta ante el Tribunal Supremo. Según recoge El Correo de Andalucía, la Consejería de Sostenibilidad ha confirmado que habrá que esperar al pronunciamiento del alto tribunal, por lo que la sentencia tampoco tendrá ahora consecuencias para el conjunto del sector.
El presidente de la Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca), Antonio Guerrero, ha explicado al citado periódico que, mientras no exista una resolución del Supremo, “la situación se mantendrá como hasta ahora”. El sector había mostrado su preocupación desde finales de junio ante la posibilidad de verse obligado a desmontar las instalaciones al finalizar el verano, después de haber realizado inversiones para permanecer abierto durante todo el año.
A la espera de lo que decida el Tribunal Supremo
“En principio, las cosas se quedan como están”, ha señalado Guerrero a El Correo de Andalucía, remitiendo el futuro de estas instalaciones al resultado del recurso de casación de la Junta.
La situación afecta a establecimientos considerados desmontables que podían permanecer abiertos durante todo el año a raíz de una resolución adoptada en 2014. La sentencia del TSJA anula esa decisión y, de ejecutarse en los términos planteados, obligaría a cerrar estas instalaciones fuera del periodo estival.
Esta posibilidad ha despertado inquietud en un sector que vincula la apertura durante todo el año con la desestacionalización del turismo. Por ahora, sin embargo, el recurso de la administración autonómica evita que ese escenario se traslade de forma general a los chiringuitos andaluces.
Existe una excepción en Rota, donde un establecimiento cuenta con una sentencia propia que no ha sido recurrida por la Junta. En este caso, según la información adelantada por El Correo de Andalucía, se ha abierto un acto de conciliación entre la administración autonómica y el Ministerio para la Transición Ecológica para intentar alcanzar un acuerdo.
La Junta mantiene su rechazo
La Junta de Andalucía se ha posicionado en contra del criterio defendido por el Gobierno central en este asunto y ha llevado la controversia hasta el Tribunal Supremo.
La administración autonómica también ha rechazado la modificación del Reglamento General de Costas, relacionada con las exigencias europeas para las concesiones de actividades económicas en el dominio público marítimo-terrestre. La normativa plantea que las concesiones de establecimientos hosteleros se realicen mediante procedimientos transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva.
La Junta ya manifestó en julio que consideraba “incomprensible” modificar el reglamento sin acometer previamente una revisión integral de la Ley de Costas y defendió que cualquier actualización de estas características debe consensuarse con las comunidades autónomas con litoral.