El que parecía que se convertiría en el último episodio de este juicio, o este documental de Netflix, como no ha dudado en definirlo Gonzalo Boye, defensa de Isco Tejón, finalmente tendrá, al menos, un capítulo más este viernes. Cuando se rumoreaba la posible presencia de Antonio Tejón, hermano de Isco, presente y dispuesto desde el primer día, su silla ha permanecido vacía librándose así de una contundente y tajante Macarena Arroyo, la fiscal Antidroga que ha expuesto su informe junto a su compañero durante más de tres horas.
Una contundencia y un continuo ‘desmonte’ de las contrariedades mostradas por la defensa hasta el momento, que poco han tardado en hacerse más fuertes de la voz del que fuera abogado de Puigdemont o Sito Miñanco y único letrado que le ha dado tiempo a manifestarse en la vista de este jueves, eso sí, con el beneplácito corporal continuado de los distintos acusados que «disfrutaban» con cada alegato de Boye ante el Ministerio Fiscal y, podríamos decir, contra toda la sala.
El juicio arrancaba como viene siendo habitual con un considerable retraso y la ausencia de algunos letrados que fueron incorporándose a la vista durante el transcurso de la sesión. Una vista que se prometía sentenciadora y en la que el Ministerio Fiscal ha arrancado firme en su discurso: «Esto no es un juego. Estamos haciendo justicia y merecemos el más absoluto respeto.» Arroyo dejaba en la Audiencia Provincial de Algeciras un silencio que le permitía, al menos durante un tiempo, exponer todo lo que había preparado sin la más mínima negación corporal de los acusados en sus asientos. «Una persona inocente no se ríe de la sociedad con vídeos propagandísiticos de su alto nivel de vida ni huye de la justicia». Con estas primeras citas de la Fiscal, Boye ya dibujaba su defensa posterior. «Siente impunidad, no trabaja honradamente y busca el camino fácil para su tren de vida». Tras un discurso similar en los primeros minutos, la Fiscalía trataba de poner sobre la mesa la justificación de las escuchas desde el primer momento.
Los alijos del 2015, claves
Fueron los alijos del 2015 los que acaban permitiendo las escuchas telefónicas que, a día de hoy, se continuan cuestionando la captación pero ausencia de algunas de ellas, las efectuadas a miembros ajenos a la supuesta organización, entre otros asuntos que están en la clave de cómo se resolverá todo. La justificación de las escuchas llegan de la mano de los primeros (que constan en este procedimiento) intentos de alijo en La Línea de la Concepción y una serie de autos uno tras otro además de resoluciones del Tribunal Supremo que vendrían a avalar la decisión. De todas formas, hace tiempo que la Defensa no se centra en el hecho de la escucha, si no en los aspectos más técnicos de ellas y sobre todo, las ausencias.
«Estamos hablando de salud pública, no es una investigación prospectiva, es fundada y por tanto, las escuchas son de interés. Incluso existe la nueva Ley de diciembre de 2015, se regula aun más el control de la legalidad de las mismas.» Precisamente contra ese control se cebaría Boye minutos más tarde. La Fiscalía continuaba ahora defendiendo la autenticidad simplemente asegurando que el método empleado, el más que famoso, SITEL, estaba avalado por el Tribunal Supremo y por tanto, «exento de toda duda».
En cuanto a las entradas y registros, Arroyo aportaba algunos ejemplos como el haberse encontrado a la madre de uno de los acusados «tirando por la ventana una caja de zapatos con 100.000 euros» y defendía la custodia de la sustancia incautada en todo momento.
El informe del perito, «sacado de internet»
Uno de los puntos a los que más atención le ha dedicado la Fiscalía, es al informe pericial que corroboraba el volcado de las escuchas en el disco duro TOSHIBA. También es al punto al que más tiempo le ha dedicado la defensa y el que trata de desmontar hasta llegar a la sentencia absolutoria, entre otras bazas.
El informe pericial asegura que son completamente razonables los errores que un volcado de más de 25.000 archivos puede acarrear, a lo que la Fiscalía acompaña que «el hecho de que falten escuchas no quieren decir que todas las demás no sean válidas». Otra de las citas que esbozaba ya Boye para su posterior intervención.
Siguiendo en el reconocimiento de los errores, la Fiscalía se escudaba en que 17 de las 345 solicitudes no habían podido escucharse. Pocas, a su parecer, para que tenga este fallo alguna relevancia. Como tampoco era relevante, por no ser exigible, que tenga que ser identificado el agente encargado de la transcripción de las escuchas.
Una nueva radiografía de los acusados
Tras esta primera parte, el Ministerio Fiscal iba montando, como un castillo de naipes, su acusación alrededor de la existencia de una organización criminal con unos cabecillas claros, «los niños de la Atunara», los hermanos Tejón Carrasco.
Cabe actualizar en este punto del relato, la ocupación de las sillas de la sala. La vista del miércoles había sido clave. Ya solo quedaba un policía nacional en la sala, L.B. para el que se piden nueve años de prisión, acompañado en esta vista por su hermano como oyente. El motivo no es otro que la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía a uno de los policías nacionales M.B., y al policía local, JZ.
Una sesión que también dejó la petición de la pena para «los Castaña» en 15 años en lugar de 20 tras considerarse que no se pudo acreditar el delito de tenencia de armas y receptación.
En este momento, la Fiscalía volvía a hacer una radiografía a los acusados poniendo a cada uno su rol en la supuesta organización criminal que se montaba con el transcurso de la exposición. Una estructura en la que para todos había un papel indispensable, un papel encabezado por los Tejón Carrasco, con la mano derecha del Chepa y el resto de miembros que, según la Fiscalía, redondeaban el negocio. Los encargados de la logística, el operativo, el combustible, la mercancía, los pagos, la vigilancia, los guardeses, la organización de los puntos… Y el nexo de conexión con la comisaría de Policía Nacional de La Línea.
Un rol que el Ministerio Fiscal iba asignando conforme iba poniendo ejemplos de distintas escuchas telefónicas que ataban sus propios cabos hasta cerrar la segunda parte volviendo a reafirmarse en la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de hachís encabezada por los Tejón Carrasco.
Gonzalo Boye, la defensa de todos
Aunque el chileno trataba de hablar de forma individual y en la defensa de su cliente, Francisco Tejón, le era inevitable mostrarse casi como la esperanza para la gran mayoría de ellos. Recordando una de las primeras citas de Arroyo al inicio de la vista, Boye arrancaba con un «al igual que un inocente no hace un vídeo publicitario, tampoco hace falta un documental para declarar a alguien culpable». De esta forma, Boye daba la vuelta a sus cartas y dejaba claro que ahí arrancaría un torpedo contra todas y cada una de las partes que forman parte, para él, de «este guion de Netflix».
El primero de los tiros fue encaminado al informe pericial en la que la Fiscalía había basado la legalidad y autenticidad del volcado de las escuchas y el sistema SITEL. Aquí, Boye acude directamente a un artículo de periódico de causas anteriores, a Wikilix a otras fuentes públicas sobre las que el perito habría extraído «tal cual», las conclusiones del informe. En el inicio de su discurso, quiso utilizar su particular «conector», «hoy en día se lee poco».
Por si fuera poco, asegura que la Fiscalía había ascendido al graduado en Telecomunicaciones al nivel de un ingeniero y que no se hiciera eso ya que, efectivamente, «esto no era un juego».
Falta de imparcialidad, objetividad y política criminal
Fue entonces cuando, además de con la Fiscalía, arrasó con la presidencia de la sala, atacando directamente a la falta de imparcialidad. «Dentro de una sala de justicia, la política criminal no es válida. Entiendo el papel de la Fiscalía pero uno de los derechos es el del juez imparcial.» El abogado se mostró especialmente señalado por una cita de la jueza el pasado lunes: «Esto ya para apelación», asegurando que este tipo de pronunciamientos ya predeterminaba el fallo. En este punto, al igual que haría la Fiscalía minutos antes, Boye recordó otros autos en los que existió un preposicionamiento de la jueza y sacó a relucir en numerosas ocasiones el «Otegi Mondragón contra España». «El proceso justo se ha quebrado por la falta de imparcialidad del tribunal. Esto también es un derecho. La garantía a un tribunal imparcial».
Entre otros derechos que Boye considera que se han quebrantado, se centraba en el derecho a la defensa. En este punto, defendía la vulneración ante la ausencia de unas Blackberrys incautadas asegurando que «si hubiera algo que los incrimine, no habrían desaparecido». Entre las ausencias, también se detuvo en las geolocalizaciones, algo que asegura que ni siquiera están y que habrían sido claves para comprobar si efectivamente las hipótesis extraídas a través de las escuchas se corresponden con la localización de cada uno de los acusados en cada momento. «Ni las Blackberrys ni la geolocalización favorecerían el relato de Netflix».
En cuanto al sistema SITEL, boye se mostraba esclarecedor. «No cuestiono el sistema SITEL, cuestiono el procedimiento posterior. Existen unas transcripciones de llamadas que no están aquí. Estarán, pero no aquí y todo hace pensar que esas llamadas que faltan no solo no serían objeto de cargo si no que podrían ser de descargo».
Una conversación que no está completa es imposible de interpretar con exactitud. En esto iba formando su defensa de nuevo asegurando que ningún agente de los que «desfilaron» por la sala habían participado en la transcripción de las escuchas, dejando entrever claramente irregularidades en el proceso.
En este punto, Boye quiso ejemplarizar la importancia de la totalidad de las escuchas con el ejemplo de una de las conversaciones más comentadas: «Las chicas y las fiestas». Según la Fiscalía, las chicas serían los fardos y las fiestas los alijos pero, en palabras de Boye, fueron los propios agentes los que vieron con sus propios ojos como las «chicas» correspondían a prostitutas y las fiestas, a fiestas. Esas «fiestas» serían hasta 72 alijos, alijos que, asegura Boye, son contabilizados tras puro «cotilleo» sin ningún fundamento más.
El abogado no quiso cerrar su intervención sin referirse directamente a figuras públicas, políticas, cargos judiciales, que aparecieron en «La Línea, la sombra del narco», enculpando directamente a Tejón vulnerando un nuevo derecho, el de la presunción de inocencia.
Además, una reflexión que vuelve a salpicar a las altas esferas. La de que el problema social y de seguridad que, a todas todas, conlleva el narcotráfico, estuviera sobrevolando los procedimientos legales de cualquier causa judicial. «Han traído cuatro trozos de madera y quieren construir una mansión». La defensa de Isco Tejón, se reafirma en la sentencia absolutoria.