Tras varias semanas de incertidumbre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Línea de la Concepción ha ordenado el archivo provisional de la denuncia presentada por el Inspector Jefe del Puesto de Control de La Línea, quien acusaba a su superior de irregularidades en la aplicación del Código de Fronteras Schengen en la Verja de Gibraltar.
La magistrada ha determinado que los hechos denunciados no constituyen indicios de delito, ya que se trata de cuestiones administrativas, políticas y laborales, ajenas al ámbito penal.
La denuncia del inspector: «Obligado a incumplir la normativa»
El inspector jefe denunció que se le había obligado a incumplir la normativa de entrada de ciudadanos no comunitarios, con un supuesto trato de favor hacia los gibraltareños. Entre sus quejas también figuraba la falta de órdenes por escrito sobre el control fronterizo, la reorganización del puesto bajo la Brigada Local de Extranjería, así como la incoación de expedientes disciplinarios en su contra.
Sin embargo, la jueza ha concluido que estas cuestiones trascienden su competencia, ya que corresponden al ámbito administrativo y laboral, por lo que no pueden derivar en un procedimiento penal.
Medidas transitoriales
El informe de la Jefatura Provincial de Operaciones de la Comisaría Provincial de Cádiz, solicitado por el juzgado, aclara que desde el Brexit los ciudadanos gibraltareños con ID roja están exentos de sellar su pasaporte al cruzar la Verja. Esta medida fue adoptada por el Gobierno de España y cuenta con el respaldo del Código de Fronteras Schengen, que permite criterios de flexibilidad en determinadas circunstancias.
Además, el informe destaca que este régimen especial está avalado por la Decisión del Consejo de la Unión Europea del 20 de julio de 2021, en la que se autoriza la negociación de un acuerdo sobre Gibraltar entre la UE y el Reino Unido.
Según la Policía, mientras estas negociaciones sigan en curso, se mantendrán las medidas transitorias que facilitan la movilidad de los gibraltareños, ya que su tránsito diario responde a factores socioeconómicos y no supone un riesgo de inmigración clandestina.
La sentencia
Tras analizar los argumentos del denunciante y el informe policial, la jueza concluye que no hay indicios de criminalidad contra la denunciada, ya que las actuaciones en la frontera se ajustan a la normativa vigente.
Además, el informe de la Jefatura Provincial de Operaciones recalca que no existe ninguna brecha de seguridad en el control fronterizo, ya que las medidas aplicadas están dentro del marco legal establecido por la UE y el Gobierno español.
En base a ello, la magistrada ha resuelto archivar las diligencias y cerrar el caso, reafirmando el principio de intervención mínima del Derecho Penal, que solo debe actuar como último recurso en situaciones claramente delictivas.
Este fallo supone un respaldo a la actual gestión del control en la Verja de Gibraltar, mientras continúan las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el futuro estatus del Peñón.