El ‘Caso Cuarteles‘, que ha investigado irregularidades en la contratación de obras en distintas comandancias de la Guardia Civil, entre ellas la de Algeciras, ya tiene condenas. La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto este martes una pena de un año de prisión al teniente general Pedro Vázquez Jarava por un delito de cohecho, tras considerar acreditado que favoreció a un empresario amigo en la adjudicación de trabajos a cambio de regalos y otras contraprestaciones.
El empresario beneficiado, Ángel Ramón Tejera de León, conocido como «Mon», también ha sido condenado a un año de cárcel como autor de un delito de cohecho activo. Además, tanto él como sus empresas Canarycork, Angrasurcor y Solocorcho han recibido una inhabilitación de nueve años para obtener subvenciones, ayudas públicas y contratar con el sector público.
La resolución judicial establece que, entre 2015 y 2018, cuando Vázquez Jarava ejercía como subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, utilizó su posición para promover la contratación de empresas de su círculo cercano. Para ello, impulsó la descentralización de fondos destinados a mejorar las fachadas de distintos acuartelamientos mediante la aplicación de corcho proyectado.
Entre las dependencias relacionadas con las adjudicaciones investigadas figura la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, esta instalación fue una de las que aceptaron la propuesta de realizar obras con el material comercializado por el empresario, junto a otras comandancias como Alicante, Ávila, Castellón, Jaén y Santa Cruz de Tenerife.
Viajes a finales de la Champions y unos 60.000 euros en efectivo
La sentencia recoge que el empresario sufragó diferentes gastos personales del alto mando como contraprestación por favorecer sus intereses empresariales.
Entre estos beneficios se encontraban viajes de ocio, vuelos para asistir a las finales de la Champions League celebradas en Milán y Cardiff y estancias en Cádiz y Lanzarote.
También se ha acreditado el pago de un cobertor para la piscina del domicilio de Vázquez Jarava en Alpedrete, Madrid, así como diversas entregas de dinero en efectivo que sumaron aproximadamente 60.000 euros.
La investigación del caso Cuarteles había examinado un total de 120 contratos menores adjudicados entre 2008 y 2019 en 13 comandancias españolas, por un importe global de 3,3 millones de euros.
Obras con deficiencias en distintos acuartelamientos
Otro de los aspectos recogidos en la resolución judicial es la ejecución de los trabajos contratados. Según establece, numerosas actuaciones realizadas por las empresas de Tejera de León se llevaron a cabo de manera inadecuada, debido a que el contratista carecía de la técnica necesaria para aplicar correctamente el corcho proyectado.
Durante el juicio también se examinó cómo actuaron los responsables de la Guardia Civil cuando comenzaron a surgir las primeras sospechas sobre las adjudicaciones.
El exdirector general del instituto armado José Manuel Holgado declaró que un informe elaborado en 2017 fue archivado porque entonces no se apreciaron indicios de delito, sino posibles irregularidades administrativas. Según explicó ante el tribunal, posteriormente ordenó continuar las comprobaciones y detener las adjudicaciones a las empresas investigadas.