Protagonizada por continuos retrasos y recesos, la macrocausa contra el clan de Los Castañas se ha retomado este martes en la Audiencia Provincial de Algeciras con una segunda sesión que ha durado apenas dos horas y en la que los letrados han solicitado su suspensión para estudiar un nuevo escrito de acusación introducido por la Fiscalía Antidroga.
Durante esta sesión, que ha sido bastante breve respecto a lo previsto, otros dos acusados han reconocido sus delitos a cambio de rebajas en sus condenas, un pacto con el Ministerio Fiscal al que llegaron en la primera vista otros 62 acusados. En total, serían ya 64 los procesados que se ‘desentienden’ del juicio y que quedan conformes con la acusación y, por ende, con las penas formuladas por Fiscalía.
El macrojuicio se retomará este miércoles con las diligencias previas, según se prevé, aunque no se descarta que los letrados continúen pactando acuerdos de conformidad. Eso sí, Antonio Tejón, presunto líder del clan y el menor de los hermanos Tejón Carrasco, tampoco ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Al igual que los otros tres acusados que se encuentran en preventiva desde hace más de dos años, uno de ellos, el supuesto ‘lugarteniente’, Óscar R.
La Fiscalía también ha retirado la acusación a otro procesado más, aumentándose hasta a 21 los acusados que han quedado absueltos de la causa. Mañana miércoles se abordará el escrito entre el resto de cuestiones previas que las partes vayan a plantear antes de que de comienzo el proceso con la toma de declaraciones de los acusados.
Así funcionaba el presunto clan
Según ha podido saber Diario Área, todas las penas que se estarían pactando son superiores a los tres años de cárcel. Además, como se explica en el escrito de acusación al que también ha accedido este medio, el clan (con 15 personas en la dirección, entre ellos, Antonio Tejón) ejercía funciones de introducción de grandes cantidades de hachís procedentes de Marruecos por vía marítima, usando embarcaciones de alta velocidad y gestionando acuerdos con los proveedores marroquíes para la adquisición de las drogas o los arrendamientos de las naves (prohibidas) donde ocultaban las sustancias (guarderías), que solían ubicarse en Palmones.
Así, inicialmente la Fiscalía solicitaba penas que sumaban en conjunto 2.000 años de cárcel y 16.000 millones de euros en multas. Algo que cambia con los acuerdos de conformidad que se han ido pactando en estas dos sesiones.