El acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit ha desatado un nuevo enfrentamiento político en España, centrado en el procedimiento para su ratificación. Mientras el Gobierno defiende que basta con el aval de las instituciones europeas, PP y Vox reclaman que el texto sea sometido a votación en el Congreso y el Senado por su impacto directo en el país y, especialmente, en el Campo de Gibraltar.
El Ministerio de Asuntos Exteriores sostiene que no es necesario llevar el acuerdo a las Cortes Generales al tratarse de un acuerdo de asociación de la Unión Europea con terceros países. En este sentido, argumenta que el procedimiento ya está avalado por los servicios jurídicos de la Comisión Europea, del Consejo y de la Abogacía del Estado, por lo que sería suficiente con la ratificación del Parlamento Europeo y el respaldo unánime del Consejo de la UE, que ya ha autorizado su aplicación provisional a partir de julio.
Sin embargo, la oposición discrepa frontalmente de esta interpretación. Tanto el Partido Popular como Vox consideran que el acuerdo debe ser aprobado mediante una ley orgánica en el Parlamento español, al entender que afecta a aspectos recogidos en la Constitución como la integridad territorial, los derechos fundamentales o las obligaciones económicas del Estado. Desde Vox se ha defendido que esta ratificación es una exigencia legal, mientras que el PP ha registrado una proposición para forzar el debate en las Cortes.
Además del procedimiento, la oposición ha criticado la falta de transparencia en las negociaciones, señalando que ni las Cortes Generales ni los principales partidos tuvieron acceso a los detalles del acuerdo durante su elaboración. También han cuestionado que el texto no se haya publicado en castellano, lo que, a su juicio, dificulta su conocimiento y análisis por parte de la ciudadanía.
El Gobierno, por su parte, mantiene que se trata de un acuerdo “histórico” que cumple los objetivos marcados y que permitirá avanzar en la relación con Gibraltar tras el Brexit. No obstante, el debate político continúa abierto y se trasladará previsiblemente al Congreso, donde se confrontarán las distintas interpretaciones sobre la necesidad —o no— de su ratificación nacional.