Un exagente de Servicio Comunitario ha sido condenado a 18 meses de prisión por descargar material de abuso infantil, tras declararse culpable de los hechos. En los últimos años había trabajado como educador juvenil y docente en un centro escolar local, aunque, según el tribunal, no se ha detectado ninguna conducta inapropiada en esos puestos.
Según la información de GBC, radiotelevisión pública gibraltareña, la investigación se inició el pasado verano, cuando la Policía Real de Gibraltar (RGP) recibió un aviso sobre una dirección IP local vinculada a la descarga de material conocido de pornografía infantil. Tras obtener una orden judicial dirigida a Gibtelecom, los agentes registraron la vivienda del acusado el 29 de agosto, aunque este no se encontraba en Gibraltar en ese momento.
Durante el operativo, se incautaron diversos dispositivos que fueron enviados a análisis forense. A su regreso, el implicado acudió voluntariamente a las autoridades y fue acusado de posesión de más de 1.400 imágenes indecentes, cargos que admitió.
Sin embargo, mientras esperaba la sentencia, los análisis forenses demostraron que las imágenes ya no se encontraban en los dispositivos, lo que obligó a revisar los cargos. Legalmente, no podía mantenerse la acusación de posesión si el contenido no estaba presente en el momento de la incautación. Por ello, en enero fue puesto en libertad bajo fianza mientras la policía reformulaba la acusación.
Finalmente, fue procesado por «creación de imágenes indecentes», es decir, por descargar el contenido en cuestión desde internet. Aunque los archivos habían sido borrados, los expertos lograron recuperar huellas digitales (hashes) que demostraban que el material había estado almacenado en los dispositivos.
Entre los archivos descargados se encontraron 228 imágenes de categoría A, la clasificación más grave según los estándares de protección infantil. Durante el proceso judicial, su defensa alegó que había iniciado un proceso de rehabilitación, reconociendo problemas de autocontrol, adicción y depresión de larga duración. En una carta, el acusado aseguró que sus actos “no habían causado daño físico a nadie”, argumento que el juez Liam Yeats rechazó con contundencia, recordando que el consumo de este tipo de contenidos alimenta la demanda y contribuye directamente al sufrimiento de menores.
La sentencia partía de una pena de 30 meses, reducida en tres meses por factores atenuantes y posteriormente un tercio más por la admisión temprana de culpabilidad, lo que dejó la condena final en 18 meses de prisión. Los cuatro meses que pasó en prisión preventiva se descontarán de esa pena.