El buque Seafighter, un bulk carrier de gran porte registrado bajo bandera de Malta (IMO 9686326 / MMSI 256028000), se encuentra navegando rumbo a Gibraltar, donde tiene prevista su llegada el próximo 1 de noviembre a las 17:00 horas. Procede del puerto sudafricano de Richards Bay, de donde zarpó el pasado 12 de octubre, cargado con 170.000 toneladas de carbón. Según los últimos registros del sistema AIS (Automatic Identification System), su posición fue recibida hace una hora mediante señal terrestre frente a la costa occidental de África, a la altura de Mauritania.
El tránsito del carguero ha desatado una controversia política y jurídica. La Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel han exigido al Gobierno español que impida el paso del Seafighter por aguas territoriales españolas, argumentando que el carbón transportado “no es un recurso neutro” y que su destino final está vinculado al sostenimiento de la red energética y militar del Estado israelí.
“No existe un uso civil del carbón exportado a Israel”
En su comunicado, RESCOP sostiene que el carbón “alimenta la maquinaria de ocupación y represión” al formar parte de la matriz energética que abastece tanto infraestructuras civiles como asentamientos ilegales y capacidades militares. La organización cita el informe Powering Injustice, elaborado por el Center for Research on Multinational Corporations (SOMO), que documenta cómo en 2023 el carbón representó el 17,5 % de la generación eléctrica israelí, electricidad que —según el estudio— abastece tanto a asentamientos en Cisjordania como a instalaciones del ejército.
El comunicado también recuerda el reciente informe de la Relatora Especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, titulado “Gaza Genocide: a collective crime”, en el que se advierte de que los Estados que faciliten o permitan el tránsito de materiales estratégicos con destino a la ocupación israelí pueden incurrir en complicidad en crímenes internacionales.
Petición de aplicar el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Con base en estos argumentos, las organizaciones citan los artículos 19 y 25 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que permiten a un Estado costero denegar el paso de un buque cuando su tránsito “no sea inocente” o contravenga normas del derecho internacional. Según RESCOP, el Gobierno español tiene la obligación jurídica de actuar en virtud de esos preceptos y de los compromisos internacionales de prevención del genocidio.
El comunicado reclama una “respuesta inmediata” antes de la fecha prevista de llegada del Seafighter al Peñón y pide la ampliación del actual embargo a Israel hasta convertirlo en un “embargo integral” que incluya carbón, combustibles y materiales con posible uso militar, además de controles efectivos en puertos y aeropuertos.
Un buque de bandera maltesa operado por Thenamaris
El Seafighter fue construido en 2015 y pertenece a la clase Newcastle/Capesize, con una eslora de 292 metros, manga de 45 metros y calado de 17,5 metros. Está operado por la compañía griega Thenamaris, una de las principales navieras del sector de graneles secos. La empresa no ha emitido declaraciones públicas sobre las denuncias ni sobre la naturaleza del cargamento. Tampoco lo han hecho, hasta el momento, las autoridades portuarias de Gibraltar ni del Gobierno de España. De acuerdo con los registros marítimos consultados, el buque continúa “under way”, con destino a Gibraltar (GIB), manteniendo curso estable hacia el Estrecho.