Gibraltar aparece en las estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa del Reino Unido como uno de los escenarios donde se han producido delitos sexuales dentro de las Fuerzas Armadas, como ha avanzado el medio The Sun. En el último año analizado se registraron 25 delitos denunciados en Chipre, 18 en Alemania, siete en las Malvinas y dos en Gibraltar, en el marco de un total de 357 investigaciones por delitos sexuales en el Ejército, la Marina y la RAF, que incluyen 55 presuntas violaciones, 229 agresiones sexuales y 14 casos de voyeurismo.
Estos datos se enmarcan en un panorama mucho más amplio y preocupante. Una encuesta interna sobre conductas sexualizadas y acoso sexual en las Fuerzas Armadas ha revelado que dos tercios de las mujeres militares consideran que han sufrido acoso sexual en los últimos doce meses. El 67 % afirma haber experimentado al menos un comportamiento sexualizado el último año, un 32 % dice que fue tocada de forma que la hizo sentir incómoda, un 8 % declara haber sido forzada a una actividad sexual sin consentimiento y un 58 % asegura haber soportado comentarios o “bromas” de carácter sexual. El 93 % de las mujeres que respondieron ve todo ello claramente como acoso sexual.
Detrás de las cifras hay historias personales devastadoras. El caso de la artillera Jaysley Beck, de 19 años, que se quitó la vida en 2021 tras ser agredida sexualmente por su sargento en Larkhill, o el de la cadete Olivia Perks, hallada muerta en Sandhurst en 2019 tras episodios de grave conducta sexual inapropiada, se han convertido en símbolos de un sistema que, según denuncian familias y exmilitares, no ha sabido proteger a sus mujeres. Según explica The Sun, la propia madre de Jaysley afirma que el modo en que el Ejército gestionó la denuncia “destrozó su fe en el sistema” y jugó “un papel más que mínimo” en su muerte.
A todo ello se suma una investigación nacional sobre presuntos abusos sexuales durante los exámenes médicos de alistamiento, en marcha en Wiltshire, que abarca casos desde la década de 1970 hasta 2016 y que apunta a reclutas agredidas por médicos contratistas civiles en distintos puntos del Reino Unido. Al mismo tiempo, distintos informes apuntan a una cultura donde muchas mujeres dicen sentirse obligadas a encerrarse por las noches en los cuarteles mientras hombres ebrios deambulan por los pasillos llamando a sus puertas y exigiendo sexo.
El impacto de esta realidad también se refleja en el reclutamiento. Aunque entre 2016 y 2022 aumentó el número de mujeres que se alistaban tras abrirse todas las funciones de combate, desde 2022 la proporción femenina en las Fuerzas Armadas ha caído hasta situarse en torno al 11 %, con más mujeres abandonando el Ejército que incorporándose. Todo ello contrasta con el objetivo oficial de alcanzar un 30 % de mujeres para 2030, una meta que muchas voces consideran inalcanzable si no se garantiza antes un entorno realmente seguro.
Exmilitares como Ruth Sparkes, que sirvió en la Marina Real, denuncian en el medio británico que la llamada “tolerancia cero” a la mala conducta sexual se queda a menudo en eslogan. Reclaman que los casos de violación y agresión sexual pasen a tribunales civiles, donde la tasa de condenas es significativamente más alta que en los tribunales militares, y exigen sistemas de denuncia independientes y confidenciales para que las víctimas puedan hablar sin miedo a represalias. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa asegura haber introducido nuevas políticas, mecanismos de quejas y medidas disciplinarias más duras, y reconoce que los resultados de la encuesta demuestran que “queda mucho por hacer” para erradicar comportamientos inaceptables.
La dimensión humana del problema va más allá de las estadísticas. El propio texto oficial recuerda que en el Reino Unido se pierde una vida por suicidio cada 90 minutos y que es la primera causa de muerte entre menores de 35 años. Por ello, se anima a quienes sufren problemas de salud mental o situaciones de abuso a buscar apoyo en organizaciones especializadas y a no afrontarlo en soledad. Mientras tanto, los datos de delitos registrados —incluidos los dos casos vinculados a Gibraltar— subrayan que la crisis de acoso y violencia sexual en las Fuerzas Armadas británicas sigue lejos de estar resuelta.