El incidente marítimo adelantado este viernes en Gibraltar está relacionado con una persecución de las autoridades españolas a dos embarcaciones sospechosas de estar implicadas en el tráfico de migrantes. El Gobierno gibraltareño ha ampliado la información y confirma la detención de un joven local de 19 años como sospechoso de colaborar con la inmigración ilegal.
Los hechos comenzaron alrededor de las 18:05 horas, cuando la Royal Gibraltar Police (RGP) recibió el aviso de un ciudadano de que una embarcación de la Guardia Civil estaba remolcando otra que había quedado abandonada dentro del puerto de Gibraltar después de que sus ocupantes saltaran a tierra en las inmediaciones de Peter Isola Promenade.
La RGP desplegó inmediatamente efectivos terrestres y marítimos. La patrullera de su Sección Marítima Sir Francis Richards recuperó de manos de la Guardia Civil la embarcación abandonada. Se trataba de un barco con matrícula española que, según las autoridades, había sido perseguido junto a una segunda embarcación, también española, por su presunta vinculación con el tráfico de migrantes.
Durante la intervención, los agentes de la RGP arrestaron a un joven local de 19 años bajo sospecha de ayudar a la inmigración ilegal. Paralelamente, la Unidad Marítima de HM Customs interceptó la segunda embarcación, en la que viajaban dos personas. Ambas fueron retenidas mientras se registraba el barco y se comprobaba su documentación y posteriormente quedaron en libertad.
La investigación continúa abierta
El joven de 19 años permanece bajo custodia policial, al igual que la embarcación recuperada por la RGP. La investigación sobre lo sucedido continúa abierta y, por el momento, no se han facilitado más detalles sobre la supuesta participación del detenido o de los ocupantes de los barcos en el tráfico de migrantes.
El nuevo comunicado permite esclarecer el origen del incidente que horas antes el Ejecutivo había calificado como «potencialmente muy grave». El Gobierno reconoce ahora que las embarcaciones estaban siendo perseguidas por las autoridades españolas bajo sospecha de un delito grave.
Pese a ello, el Ejecutivo gibraltareño mantiene su protesta por la actuación de la Guardia Civil y sostiene que sus embarcaciones «no tienen jurisdicción» en lo que denomina aguas territoriales británicas de Gibraltar. Según su posición, en situaciones de este tipo las autoridades españolas deben alertar a las fuerzas de seguridad gibraltareñas para que sean estas las que intervengan.
El Gobierno ha asegurado que tanto Gibraltar como sus cuerpos policiales están dispuestos a cooperar y coordinarse con las fuerzas de seguridad españolas para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de personas, pero advierte de que esa colaboración no puede producirse cuando sus autoridades no son notificadas.
Finalmente, el Ejecutivo ha agradecido la rápida intervención de los agentes de la RGP y HM Customs, así como la actuación del ciudadano que dio el aviso inicial y permitió activar el dispositivo.