Gibraltar ha irrumpido de lleno en uno de los episodios más delicados de la actual tensión entre Hungría y Ucrania. La autoridad fiscal y aduanera húngara, la National Tax and Customs Administration (NAV), aseguró este 8 de abril que ha reunido nuevos indicios dentro de la investigación penal abierta por presunto blanqueo de capitales en torno al llamado “convoy del oro” ucraniano, un envío interceptado en marzo y que transportaba grandes cantidades de efectivo y oro a través de territorio húngaro. En esa actualización, la NAV sostiene que en el trasfondo del transporte aparecen Oschadbank, una entidad polaca y una institución con base en Gibraltar.
Esa nueva línea de la investigación fue amplificada además por Zoltán Kovács, secretario de Estado para la Comunicación y Relaciones Internacionales y portavoz internacional adscrito a la Oficina del Primer Ministro de Hungría, que comunicó a través de X, antes Twitter, que las pesquisas habían sacado a la luz nuevos elementos sobre este caso. En su mensaje, Kovács se hizo eco de la versión de las autoridades húngaras y subrayó que el operativo estaría vinculado al traslado de millones de dólares y euros recién impresos, así como de lingotes de oro, en una operación cuyo origen y finalidad siguen sin aclararse públicamente.
Según la información difundida este 8 de abril por la parte húngara, los investigadores sostienen que los vehículos blindados transportaban únicamente billetes de euro y dólar de nueva impresión que todavía no habían entrado en circulación. La NAV añade que el envío estaría relacionado con el banco estatal ucraniano Oschadbank, así como con entidades de Polonia y Gibraltar, y remarca que tanto la procedencia como el destino final de los fondos continúan bajo sospecha.
La actualización húngara va más allá. También sostiene que las pesquisas incluyen una grabación en la que aparecería un ex mayor general de la inteligencia ucraniana presuntamente falsificando documentos en una gasolinera, mientras otras personas hablan de pagos corruptos. Además, la NAV ha solicitado cooperación internacional a través de órdenes europeas de investigación dirigidas a Austria y Polonia, al tiempo que rechaza las acusaciones de actuación irregular y defiende que todos los pasos de la investigación quedaron documentados y se ejecutaron conforme a la ley.
El caso se remonta a comienzos de marzo, cuando las autoridades húngaras interceptaron dos vehículos blindados ucranianos y detuvieron temporalmente a siete ciudadanos ucranianos que acompañaban el transporte. Desde entonces, Budapest mantiene abierta una investigación por sospechas de blanqueo de capitales. Las cantidades intervenidas, según la información difundida por las autoridades húngaras y recogida por medios internacionales, ascendían a 40 millones de dólares, 35 millones de euros y 9 kilogramos de oro.
La versión de Kiev es radicalmente distinta. Oschadbank, el banco estatal de ahorro ucraniano, defendió que sus empleados realizaban un traslado rutinario entre Austria y Ucrania, efectuado por carretera debido a las restricciones que siguen afectando al tráfico aéreo ucraniano. El ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, acusó a Hungría de haber actuado ilegalmente y de utilizar el caso con fines políticos.
La tensión no terminó con la intervención inicial. El 12 de marzo, Hungría devolvió los dos vehículos blindados, pero retuvo el dinero y el oro, valorados en torno a 82 millones de dólares, mientras seguía avanzando la investigación. Reuters y AP informaron entonces de que el marco legal aprobado en Budapest permitía a la autoridad fiscal conservar temporalmente esos activos durante 60 días para esclarecer el origen, el destino y el posible encaje penal de la operación.
Para Gibraltar, el aspecto más sensible de esta nueva fase es precisamente esa mención expresa a una institución con base en el Peñón. Por ahora, al menos en la información pública difundida por las autoridades y medios consultados, no se ha identificado el nombre de esa entidad, pero su aparición en la investigación añade una derivada internacional a un caso ya explosivo por sí mismo: millones en metálico, lingotes de oro, un antiguo alto cargo de inteligencia, acusaciones de corrupción y una causa por presunto blanqueo en pleno choque diplomático entre Budapest y Kiev.
El episodio, además, no puede separarse del contexto político que lo rodea. La incautación del convoy estalló en medio de una escalada entre Hungría y Ucrania por los suministros energéticos, por el bloqueo húngaro a nuevas medidas europeas de apoyo a Kiev y por una campaña electoral en la que el Gobierno de Viktor Orbán endureció su discurso sobre la guerra. En ese ambiente, el mensaje de Kovács en X no solo refuerza la línea oficial de Budapest, sino que ayuda a proyectar internacionalmente un caso que ahora también salpica a Gibraltar.
A esta hora, lo que existe públicamente es una colisión frontal entre dos relatos. Hungría sostiene que ha encontrado elementos compatibles con una posible trama de blanqueo; Ucrania afirma que todo formaba parte de una transferencia bancaria legal entre entidades estatales. Entre ambas versiones, y sin una resolución judicial conocida hasta el momento, el nombre de Gibraltar ha quedado incorporado a uno de los episodios más delicados de las últimas semanas en la relación entre ambos países.