El Gobierno de Gibraltar ha respondido a las críticas vertidas en los últimos días sobre el Gibraltarian Status Bill, asegurando que las modificaciones introducidas son responsables, necesarias y acordes a los tiempos actuales. Según el Ejecutivo, el objetivo principal de la nueva legislación es preservar la autenticidad del vínculo con Gibraltar y garantizar que los derechos y privilegios asociados al estatus gibraltareño sean reconocidos únicamente a quienes mantienen una conexión real y continuada con la comunidad.
“No por tener una abuela nacida en Gibraltar en 1924”
En su comunicado, el Gobierno subraya que las reformas buscan proteger la integridad del sistema, poniendo fin a prácticas que han permitido que personas con vínculos lejanos o puramente circunstanciales reclamen derechos reservados a quienes viven, trabajan y contribuyen activamente en el Peñón. “Este estatus no debe derivarse simplemente porque una persona tuviera una abuela no registrada que nació en Gibraltar en 1924”, señala el texto, en referencia a casos que han permitido obtener tarjetas rojas de identidad (red ID cards) de manera automática a descendientes sin residencia real en el territorio.
Abusos del sistema y medidas correctivas
El Ejecutivo gibraltareño denuncia que individuos que no residen en Gibraltar desde hace años han seguido reclamando beneficios y prestaciones diseñados para quienes viven y contribuyen a la economía local. “Otros han aprovechado vacíos legales para acceder de forma injusta a recursos públicos”, recalca el Gobierno, que insiste en su deber de actuar con decisión para corregir estas irregularidades.
Asimismo, defiende que los cambios no son una reacción improvisada, sino parte de un proceso planificado de modernización del sistema de residencia y registro, en un contexto marcado por la negociación del nuevo Tratado de Inmigración con la Unión Europea.
“No habrá una generación perdida”
Entre las críticas más repetidas, algunos sectores han advertido del riesgo de crear una “generación perdida” de niños que podrían quedar excluidos del estatus gibraltareño. Sin embargo, el Gobierno califica esa afirmación como “simplemente errónea”, aclarando que los nuevos requisitos de registro “aportan claridad y certeza, no exclusión”.
Según el comunicado, ningún menor con derecho legítimo a obtener el estatus gibraltareño lo perderá. Por el contrario, el nuevo procedimiento permitirá que todos los niños con derecho al registro lo tengan de forma adecuada y verificable, evitando confusiones futuras.
“El proceso es una medida administrativa sencilla, diseñada para fortalecer el vínculo entre el estatus y la residencia genuina”, se explica. “En el 99,9% de los casos, los padres registran a sus hijos al nacer, no después de los ocho años”, aclara el Gobierno, en alusión a las modificaciones que afectan a los artículos 5 y 9 de la Ley: el primero sobre el derecho por descendencia (“by descent”) y el segundo sobre la adquisición del estatus tras diez años de residencia continuada.
Reformas por equidad y modernización
El Ejecutivo insiste en que los abusos del sistema de residencia y registro han contribuido a la presión actual sobre los recursos públicos, por lo que las medidas adoptadas “no son reactivas, sino cuidadosamente diseñadas para garantizar la equidad”.
El Gobierno considera que estas reformas protegen la justicia y la igualdad entre quienes viven, trabajan y crían a sus familias en Gibraltar, evitando que se vean perjudicados por quienes “utilizan el sistema de manera indebida”.
Comparación con reformas internacionales
El comunicado también invita a los críticos a comparar la situación de Gibraltar con la de otros países, destacando que “cambios mucho más profundos” se están produciendo en Reino Unido, Europa y otras partes del mundo con el mismo propósito: evitar abusos y eludir la elusión migratoria.
Estas reformas, subraya el texto, tienen una misión compartida: proteger la legitimidad y el sentido de pertenencia de sus comunidades nacionales frente a prácticas que distorsionan los sistemas de residencia y ciudadanía.
Picardo: “Preservar la integridad de lo que significa ser gibraltareño”
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo KC MP, ha defendido personalmente la iniciativa legislativa, asegurando que se trata de un paso responsable y necesario para modernizar las leyes y adaptarlas a la realidad actual.
“Nuestro deber como Gobierno es garantizar que el estatus gibraltareño siga siendo significativo y justo, reflejando un vínculo verdadero y duradero con Gibraltar. Estas reformas logran el equilibrio adecuado entre proteger los derechos de quienes realmente pertenecen”, afirmó Picardo. “Entiendo que el cambio pueda generar inquietud, pero esta legislación se guía por un principio sencillo: preservar la integridad de lo que significa ser gibraltareño, hoy y para las próximas generaciones”.