La publicación del informe Openshaw ha abierto un nuevo frente político en Gibraltar, con un cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Gibraltar Social Democrats (GSD) en torno al respaldo institucional a la Royal Gibraltar Police (RGP) y la gestión política de las conclusiones del documento.
La oposición, según ha informado la GBC, acusa al Ejecutivo de intentar desviar la atención sobre la conducta del Chief Minister, Fabian Picardo, trasladando el foco de las críticas hacia el cuerpo policial. El Gobierno, por su parte, rechaza de forma tajante esta interpretación y asegura que mantiene su apoyo total a la RGP.
El GSD denuncia críticas “injustas” a la Policía
Desde el Gibraltar Social Democrats se sostiene que las recientes declaraciones públicas del Chief Minister han sido injustas con la Policía y con sus mandos, al subrayar que el informe contiene más recomendaciones dirigidas a la RGP que a cualquier otra institución.
La formación opositora considera que esta afirmación descontextualiza el contenido del informe y proyecta una imagen distorsionada del papel desempeñado por la Policía. En este sentido, la Shadow Minister for Justice, Joelle Ladislaus, defendió que la RGP ha trabajado durante años en condiciones difíciles y con recursos limitados, y acusó al Chief Minister de criticar al cuerpo mientras elude asumir responsabilidades sobre su propia actuación.
El Ejecutivo reivindica inversión y respaldo institucional
El Gobierno ha respondido que su respaldo a la Royal Gibraltar Police se refleja en lo que califica como una inversión récord. Según los datos aportados, la financiación destinada al cuerpo policial ha pasado de cinco millones de libras en 2011 a quince millones de libras en la actualidad.
Asimismo, el Ejecutivo subraya otros hitos, como el reconocimiento estatutario de la Gibraltar Police Federation y la financiación de la representación legal de los agentes implicados en la investigación judicial por la colisión marítima de 2020.
En relación con el informe, el Gobierno sostiene que las críticas recogidas en el documento se dirigen principalmente al antiguo equipo de alta dirección de la RGP, en especial por fallos en la divulgación de información, y que reconocer esas conclusiones es un ejercicio de rendición de cuentas, no un ataque al conjunto del cuerpo policial.
Azopardi cuestiona una posible impugnación legal del informe
El debate político se ha intensificado tras las declaraciones del líder de la oposición, Keith Azopardi, quien ha acusado al Chief Minister de plantear una eventual impugnación legal del informe Openshaw con fines estratégicos y políticos.
Azopardi sostiene que un recurso judicial contra las conclusiones del presidente de la investigación, Sir Peter Openshaw, tendría como objetivo ganar tiempo político y proteger la supervivencia política del Chief Minister, y no esclarecer la verdad de los hechos. En este contexto, insistió en que cualquier acción legal debería ser privada y no financiada con fondos públicos.
El líder del GSD recordó que las revisiones judiciales contra informes de este tipo son extremadamente infrecuentes y subrayó que, hasta el momento, no se ha presentado ningún recurso, por lo que las conclusiones del informe deben considerarse definitivas.
Azopardi también citó expresamente al presidente de la investigación, quien señaló en su informe que el hecho de que el Chief Minister continúe defendiendo su actuación no constituye una atenuante, sino que agrava la situación. En su valoración política, el dirigente opositor acusó al Gobierno de emprender una campaña persistente para desacreditar las conclusiones del informe y sustituirlas por su propia versión de los hechos.