El Gobierno de Gibraltar ha hecho público hoy el informe final de la investigación presidida por Sir Peter Openshaw sobre las circunstancias que rodearon la jubilación anticipada del excomisario de la Royal Gibraltar Police (RGP), Ian McGrail. El documento ha sido publicado íntegramente, sin tachaduras, y será objeto de debate en el Parlamento tras una moción de nota presentada por el Ministro Principal, Fabian Picardo.
El informe concluye que la salida de Ian McGrail no fue producto de presiones políticas impropias ni de una conspiración corrupta. Según el dictamen de Sir Peter Openshaw, el cese se debió a la decisión del entonces gobernador interino, Nick Pyle, de ejercer sus poderes bajo la Sección 13 de la Ley de Policía para solicitar la dimisión de McGrail. El presidente de la investigación determinó que la decisión de Pyle fue “enteramente suya” y que no fue “manipulado” por el Ministro Principal.
El informe destaca que el Gobernador actuó con el conocimiento y asesoramiento del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO), cuyos asesores legales confirmaron que existían “motivos justificables” para solicitar la dimisión del comisario.
Exoneración del Gobierno y de Fabian Picardo
La investigación ha rechazado las alegaciones centrales presentadas por McGrail contra el Gobierno:
- Ausencia de interferencia: No se encontró evidencia de interferencia real en las operaciones de la RGP ni en investigaciones criminales, incluida la denominada “Operación Delhi”.
- Pérdida de confianza justificada: El informe valida que el Ministro Principal, Fabian Picardo, creía genuinamente que el comisario le había mentido en su despacho, lo que proporcionó una base subjetiva sólida para la pérdida de confianza.
- Rechazo de conspiración: La sugerencia de un complot corrupto para destituir a McGrail fue rechazada de plano.
- Sin compensación ni disculpas: Sir Peter Openshaw ha declinado recomendar cualquier tipo de reparación, compensación económica o disculpa pública para Ian McGrail.
Críticas y fallos detectados
A pesar de la exoneración en los cargos de corrupción, el informe contiene críticas hacia el Ministro Principal, que este ha calificado de “afiladas y muy críticas”. Picardo ha anunciado que estudiará si emprende acciones legales contra dichas valoraciones al considerarlas, bajo asesoramiento, “jurídicamente injustas o contradictorias”. Asimismo, ha pedido disculpas públicas a la comunidad por si sus actuaciones durante un periodo marcado por el COVID-19 y el Brexit no estuvieron a la altura de los estándares esperados.
Por otro lado, el informe es especialmente severo con la gestión de McGrail al frente de la RGP, calificando de “impactante” y “muy condenatorio” un informe previo de la Inspección de Policía (HMIC) que señalaba fallos graves de liderazgo y medidas insuficientes contra la corrupción interna. También se recrimina a McGrail haber “humillado” a personal de las fuerzas armadas, dañando la relación institucional con el Reino Unido.
Falta de transparencia de la RGP
El documento señala una falta de “divulgación exhaustiva” por parte de la antigua cúpula de la RGP y de Ian McGrail, destacando la ausencia de notas contemporáneas del excomisario. Por el contrario, el informe reconoce que el Gobierno proporcionó acceso total a comunicaciones electrónicas, correos y mensajes de WhatsApp.
Impacto económico y recomendaciones
La investigación ha supuesto un coste superior a los 8 millones de libras para el erario público. El Gobierno ha confirmado que aceptará e implementará todas las recomendaciones del informe para reforzar la cultura y la supervisión de las instituciones públicas, incluidas reformas en la Autoridad de Policía de Gibraltar (GPA).
Tras la publicación, el Ministro Principal ha enviado copias del informe a figuras clave del Reino Unido, incluido el Primer Ministro, para informar sobre el cierre definitivo del proceso.