El partido Gibraltar Social Democrats (GSD) ha hecho unas declaraciones en las que recoge que el Tratado Fiscal suscrito entre los Gobiernos del Reino Unido y de España resulta muy perjudicial para los intereses gibraltareños y sólo favorece a los intereses políticos y económicos españoles.
En un comunicado el GSD recoge lo siguiente:
“El Tratado Fiscal del Reino Unido con España, que el Gobierno de GSLP ha respaldado, perjudica los intereses de Gibraltar, entromete a los gibraltareños y es políticamente inexplicable, ya que a cambio no se ha ganado nada de importancia. Es, una vez más, otro mal acuerdo que el gobierno está vendiendo con fuerza.
El Tratado Tributario favorece a España y los intereses económicos y políticos españoles. Hace poco para proteger a los gibraltareños o a nuestros intereses económicos cuando Gibraltar permanece bajo un claro ataque político y económico por parte de España. Incluso permite a los ciudadanos españoles convertirlos en residentes fiscales españoles independientemente de vivir en Gibraltar y les da un trato diferente a los demás residentes de Gibraltar”.
El líder del GSD, Keith Azopardi, dijo: “El Tratado Fiscal hará que algunos gibraltareños residentes en Gibraltar o las compañías que operan en Gibraltar estén sujetas al impuesto español. En efecto, algunas empresas de Gibraltar serán tratadas como residentes fiscales españoles, a pesar de que en realidad son residentes físicos en Gibraltar u operan como negocios en Gibraltar.
El GSD tiene preocupaciones importantes sobre este Tratado y su efecto. Considera que a Gibraltar no le interesa que esto se haya concluido de esta forma. En consecuencia, en nuestro próximo GSD AGM, presentaremos una moción en la que se solicite el apoyo de los miembros para adoptar la posición de que, estando en Gobierno, el GSD solicitará al Reino Unido que ponga fin a este Tratado».
En resumen el Tratado Tributario:
“Obstaculiza el desarrollo de nuestra economía al hacer que Gibraltar sea menos atractivo para hacer negocios y para atraer futuras inversiones internas;
Es masivamente intrusivo en las vidas de algunos gibraltareños que bajo este régimen ahora tendrán que rendir cuentas al Estado español sobre dónde viven, qué poseen y dónde, si desean evitar ser clasificados como residentes fiscales en España;
Crea una presunción de residencia fiscal española en varios casos, lo que hace que las personas o empresas tengan que valerse por sí mismas de las autoridades españolas que pueden tratarlas por sospecha y acusación;
Golpea a algunos gibraltareños que pueden estar viviendo en España porque no pueden darse el lujo de vivir en Gibraltar y los trata como residentes fiscales españoles por un período de cuatro años, incluso después de haber regresado a su hogar en Gibraltar;
Por el contrario, trata a los ciudadanos españoles o empresas residentes en Gibraltar como solo residentes fiscales españoles (y, por lo tanto, bajo la soberanía fiscal española exclusiva) ya sea que trabajen o residan aquí de forma permanente o sean empresas que solo operen aquí en Gibraltar.
El Tratado es una invasión de nuestra soberanía fiscal y somete a muchas de nuestras personas a las leyes fiscales españolas, estén o no viviendo en España. También hará que algunas de nuestras empresas estén sujetas al impuesto español, incluso si no están operando en España.
El efecto de estas disposiciones es que tanto los gibraltareños como las empresas ahora podrían enfrentarse al escrutinio del Estado español, incluso cuando están operando negocios y generando sus ingresos en Gibraltar exclusivamente.
Normalmente, si hubiera un acuerdo fiscal entre diferentes países, sería neutral y justo. ¿Por qué el gobierno, en cambio, no ha apoyado un formulario basado en el Tratado modelo de la OCDE sobre la doble tributación que no tendría estas fallas? El énfasis en otros Tratados de Impuestos sería en la imposición de impuestos a las personas donde viven o donde trabajan o, en el caso de las empresas, donde tienen un establecimiento permanente o una administración efectiva. Este Tratado no es neutral ni justo.
Convierte esos principios en un precedente al crear presunciones de residencia fiscal en España para algunos trabajadores, residentes de Gibraltar o empresas simplemente por la ubicación de los activos o donde viven los dueños de negocios [incluso si la empresa y los empleados están en Gibraltar]. El Gobierno ha aprobado y firmado un sistema que puede exponer a los residentes de Gibraltar, o empresas de Gibraltar a un mayor escrutinio e investigación fiscal en España al aceptar colocar a algunas de nuestras personas o empresas dentro de la red tributaria española.
Con gran fanfarria, el Ministro Principal anunció que este Tratado reconoce al gibraltareño por primera vez porque se refiere a la Ley de Estado de Gibraltar. La única referencia a esto en el Tratado es para penalizar a los gibraltareños y someterlos al impuesto español.
El Primer Ministro también anunció que Gibraltar sería retirado de la lista negra española en asuntos financieros. No hay nada en este Tratado ni ningún compromiso escrito que se haya publicado a tal efecto. ¿Dónde está ese compromiso?
A pesar de que el Ministro Principal se comprometió en el Parlamento a que un borrador del Tratado fuera compartido con la Oposición antes de su firma, él violó este compromiso. Es evidente que el Gobierno trató de evitar el control parlamentario o cualquier control de lo que estaba planeando en relación con el impuesto. De hecho, será necesario introducir legislación para dar efecto a algunos de estos compromisos. Presenta al Parlamento un hecho consumado para eludir la democracia y cualquier debate real sobre temas. Si bien el Tratado mantiene la decisión de no aprobar una legislación que lo respalde, Gran Bretaña incumplirá una obligación internacional y Gibraltar en conflicto con el Reino Unido.
Si el Gobierno, antes de celebrar este Tratado, ha consultado con especialistas españoles en materia fiscal en cuanto a las consecuencias de este Tratado para los gibraltareños y las empresas de Gibraltar, deberá proporcionar una copia de ese consejo de forma confidencial a la Oposición. En cualquier caso, el Tratado en varios puntos deja claro que hay ciertos problemas técnicos [como los relacionados con los activos, las cuestiones de dependencia o el cálculo de los ingresos corporativos] que están sujetos a interpretación según la legislación española. ¿Espera el gobierno que los individuos y las empresas entiendan esto o asuman el costo del asesoramiento legal español para comprender el efecto de las obligaciones y compromisos a los que han expuesto a los ciudadanos? El Gobierno debería emitir una Nota de orientación sobre este Tratado de la legislación española que surja.
El Tratado Tributario es permanente y perdura tanto si dejamos la Unión Europea como si no. Lo único que puede salvarse es que puede ser cancelado con 6 meses de preaviso en el Reino Unido. La posición del Gobierno de Gibraltar es que, como aceptaron que el Reino Unido lo firmara, el Reino Unido terminaría los acuerdos de forma similar si Gibraltar los solicita. El Gobierno dice que tienen un compromiso del Reino Unido de esa naturaleza”.
Redacción: Pepe Martínez/Gibraltar