Un ciudadano marroquí de 40 años, extraditado a España en 2019 en el marco de la Operación Iceberg, ha sido detenido en Gibraltar después de que el sistema de reconocimiento facial de la frontera detectara su presencia en el Peñón, donde tenía prohibida la entrada. El hombre, identificado por las iniciales M. B., permanece en prisión preventiva a la espera de una nueva comparecencia judicial.
La detención se produjo el pasado domingo 11 de octubre, cuando el sistema de reconocimiento facial en directo (Live Facial Recognition) generó una alerta positiva en la zona fronteriza. Los agentes del Equipo de Respuesta de la Policía Real de Gibraltar (RGP) identificaron al individuo y procedieron a su arresto.
El detenido no era un desconocido para las autoridades gibraltareñas. En octubre de 2019 había sido extraditado a España por agentes de la RGP en cumplimiento de una Orden Europea de Detención, dentro de las actuaciones relacionadas con la Operación Iceberg, una investigación conjunta de las policías española y gibraltareña contra una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes entre Marruecos, Gibraltar y España.
Cuando fue entregado a las autoridades españolas, Gibraltar le impuso una prohibición de entrada debido a su situación irregular en el territorio. Su presencia en el Peñón siete años después ha motivado una nueva actuación policial.
Tras su detención, M. B. fue acusado por la División Especial de la RGP de encontrarse en Gibraltar pese a tener prohibida la entrada, un delito recogido en la Ley de Inmigración, Asilo y Refugiados.
El hombre compareció el martes 13 de octubre ante la Corte de Magistrados y permanece en prisión preventiva en Windmill Hill. Está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal el próximo martes 20 de octubre.
Operación Iceberg: una red que introdujo a más de 130 migrantes a través de la Verja
La Operación Iceberg permitió desarticular una organización criminal que había desarrollado un método para introducir clandestinamente en España a ciudadanos marroquíes aprovechando su entrada legal en Gibraltar.
La investigación, coordinada por Europol y desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y la Policía Real de Gibraltar, movilizó a más de 200 agentes y se saldó con 47 detenidos, tres de ellos en el Peñón. Según los datos difundidos entonces, la organización había facilitado la entrada irregular de más de 130 personas y su actividad se extendía a 18 provincias españolas y cinco países europeos.
El entramado comenzaba en Marruecos, donde los responsables captaban a personas interesadas en viajar a Europa. Les preparaban expedientes con documentación falsa para obtener visados de estancia para el Reino Unido, que les permitían acceder a Gibraltar, pero no entrar legalmente en el espacio Schengen.
Por estos trámites, la organización cobraba a cada persona entre 7.000 y 8.000 euros. Después, los integrantes de la red gestionaban los billetes de avión, las reservas hoteleras y las instrucciones necesarias para llegar al Peñón.
Una vez en Gibraltar comenzaba la segunda parte del recorrido.
Todoterrenos con cristales tintados para cruzar a La Línea
Los migrantes eran introducidos en vehículos todoterreno con matrícula gibraltareña y cristales traseros tintados, que atravesaban durante la noche la Verja de Gibraltar para acceder a La Línea de la Concepción sin que sus ocupantes fueran detectados.
Una vez en territorio español, eran trasladados a viviendas vinculadas a la organización o a establecimientos de alojamiento. Al día siguiente, la red les proporcionaba billetes de autobús hacia otras provincias españolas o países europeos.
Por la recepción en Gibraltar, el paso clandestino de la frontera, el alojamiento y el transporte posterior, la trama cobraba entre 500 y 700 euros adicionales por persona.
La organización disponía además de una estructura de colaboradores integrada por conductores, taxistas y personas encargadas de gestionar los desplazamientos.
Los investigadores calcularon que la trama asentada en Marruecos había obtenido beneficios superiores al millón de euros, mientras que la estructura desmantelada en el Campo de Gibraltar había generado unos 80.000 euros. Esta última también desarrollaba actividades relacionadas con el contrabando de tabaco.
La investigación había comenzado después de que la Policía Real de Gibraltar detectara, en noviembre de 2018, un incremento significativo de ciudadanos marroquíes procedentes de Tánger y Casablanca que llegaban al Peñón con visados británicos.
Aquel movimiento despertó las sospechas policiales y dio paso a una investigación transfronteriza que permitió descubrir el funcionamiento de la organización y desarticular su estructura.
Ahora, siete años después de su extradición, uno de los hombres vinculados a aquellas actuaciones ha vuelto a ser detenido en Gibraltar, esta vez por su presunta entrada en el territorio pese a la prohibición que pesaba sobre él.