Fabián Picardo denuncia ante la RGP la difusión de vídeos con amenazas, calumnias y mensajes racistas

Los vídeos, difundidos en redes y mensajería, contienen amenazas, calumnias y mensajes de carácter racista y antisemita

Fabian Picardo, en una imagen. / EFE
Fabian Picardo, en una imagen. / EFE

El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha presentado una denuncia formal ante la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) tras la publicación en redes sociales de varios «vídeos difamatorios y amenazantes elaborados por una persona presuntamente agraviada».

Según detalló Picardo, las grabaciones contienen calumnias punibles en los ámbitos civil y penal conforme a la Ley de Difamación vigente en Gibraltar. El Ministro Principal subrayó que no está dispuesto a que dichos actos queden impunes, motivo por el cual ha decidido emprender acciones legales tanto penales como civiles.

Redistribución y mensajes en redes

La denuncia también hace referencia a la redistribución de los vídeos mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp, lo que habría contribuido a su difusión entre miembros de la comunidad. Picardo ha solicitado a la Policía que investigue estas posibles conductas malintencionadas.

Declaraciones de Picardo

En un comunicado, el Ministro Principal afirmó:

“Soy el mayor defensor de la libertad de expresión, pero también soy plenamente consciente de los límites que esta conlleva y de lo inaceptable que resulta que alguien se sienta con la libertad de amenazar físicamente y difamar o calumniar penalmente a otra persona”.

El dirigente gibraltareño señaló que su dedicación a la vida pública no debe ser excusa para que se le amenace a él o a su familia. Además, denunció que los vídeos contienen expresiones de carácter racista y antisemita, calificándolas de “nauseabundas e imperdonables”.

Acciones legales adicionales

Picardo confirmó haber prestado declaración ante la Policía y manifestó su disposición a testificar ante los tribunales contra la persona responsable. Asimismo, adelantó que estudia la posibilidad de interponer acciones civiles por algunas de las acusaciones falsas incluidas en las grabaciones.