La zona de Devil’s Tower Road en Gibraltar sufrió un corte de suministro eléctrico en la tarde del sábado 25 de octubre, después de que un contratista perforara accidentalmente un cable subterráneo en servicio durante unas obras. El incidente provocó una interrupción temporal del suministro y ha llevado al Gobierno de Gibraltar a acelerar la aprobación de una nueva legislación que endurecerá las sanciones por dañar infraestructuras eléctricas.
Según confirmó His Majesty’s Government of Gibraltar, las obras estaban siendo realizadas por la empresa AMCO, subcontratada por Situs, y contaban con planos del trazado eléctrico antes de comenzar los trabajos. Pese a ello, el contratista perforó un cable activo, lo que ocasionó el apagón momentáneo en el área próxima a Devil’s Tower Road.
El Ejecutivo gibraltareño ha expresado su profunda preocupación por el suceso y ha recordado que este tipo de incidentes son completamente evitables. La ministra responsable de Servicios Públicos, Gemma Arias-Vásquez, explicó que el contratista “disponía de los planos del emplazamiento y aun así perforó un cable en servicio, generando una interrupción innecesaria y un riesgo potencial para la seguridad del trabajador”.
Arias-Vásquez añadió que el Gobierno ya está en contacto con la empresa responsable para recuperar los costes derivados de la reparación, subrayando que “el Ejecutivo ha invertido millones en la modernización de la central eléctrica y la red de distribución” y que resulta “inaceptable que se produzcan daños cuando se ha informado claramente de la ubicación de los cables”.
El incidente coincide con la reciente publicación del Electricity Infrastructure (Damage) Bill 2025, un proyecto de ley que crea un nuevo delito por dañar infraestructuras eléctricas, con multas de hasta £100.000, además de la obligación de cubrir los gastos ocasionados a la Gibraltar Electricity Authority (GEA).
Tras lo sucedido, el Chief Minister y la ministra Arias-Vásquez han acordado que el texto será tramitado como legislación de emergencia durante la próxima sesión parlamentaria del 5 de noviembre de 2025, con el objetivo de reforzar la protección de las infraestructuras críticas y garantizar la rendición de cuentas por parte de los contratistas.
“El Gobierno no tolerará actuaciones negligentes que pongan en riesgo la seguridad de las personas ni la estabilidad del sistema eléctrico”, declaró Arias-Vásquez, quien reiteró la importancia de “endurecer las sanciones y garantizar una actuación responsable por parte de todas las empresas que operan en el territorio”.