Gibraltar ha dado un paso decisivo para adaptar su marco normativo al futuro tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea en lo relativo al Peñón. El Gobierno gibraltareño publicó en el Boletín Oficial Extraordinario el Proyecto de Ley de 2026 sobre el Tratado relativo a Gibraltar y la Unión Europea, una norma llamada a convertirse en la base jurídica que permitirá aplicar ese acuerdo en el territorio, así como en su ámbito de jurisdicción.
El texto, según la información difundida por el Ejecutivo, será la legislación encargada de desarrollar en Gibraltar las obligaciones derivadas del tratado que el Reino Unido asumirá en nombre del Peñón. Se trata de un proyecto de gran envergadura: supera las 110 páginas, reúne 148 artículos, se estructura en 10 secciones e incorpora 2 anexos.
La futura ley sigue, de acuerdo con el Gobierno, el modelo de la antigua Ley de las Comunidades Europeas, vigente cuando Gibraltar formaba parte del marco comunitario, y también toma como referencia la legislación británica diseñada para implementar el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre el Reino Unido y la UE, además de la Ley de la Unión Europea (Relación Futura) de 2020.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que concederá al Gobierno de Gibraltar la facultad legal para aprobar reglamentos y otra legislación subsidiaria con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones que emanen del tratado. Entre esas competencias figura también la posibilidad de modificar leyes del Parlamento mediante reglamentos, una herramienta que, según se explica, ya existía tanto en la anterior legislación europea aplicable como en la norma británica que desarrolló el acuerdo comercial posterior al Brexit.
En la Exposición de Motivos, el proyecto deja clara su finalidad: implantar el acuerdo relativo a Gibraltar suscrito entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, en lo que respecta específicamente al Peñón.
La redacción del texto ha corrido a cargo de Daniel Greenberg y Nadia Sisarello, junto al equipo de la Oficina Jurídica del Gobierno y bajo la supervisión del Fiscal General, Michael Llamas.
El ministro principal, Fabián Picardo, destacó la trascendencia política y jurídica del proyecto y lo definió como la norma que implementará en Gibraltar las obligaciones internacionales que el Reino Unido asumirá en nombre del territorio. En sus declaraciones, subrayó que se trata de una ley llamada a convertirse en la piedra angular de toda la estructura normativa, reglamentaria y legislativa vinculada al tratado durante las próximas décadas.
Picardo también agradeció la rapidez con la que el equipo jurídico ha elaborado el documento y avanzó que el proyecto será calificado de urgente para facilitar su tramitación parlamentaria antes de la fecha más temprana en la que el tratado podría entrar en aplicación provisional, fijada en el 10 de abril. Según apuntó, Gibraltar quiere tener preparado todo el marco legal para ese momento, incluso en el supuesto de que la entrada en vigor efectiva de algunas nuevas normas o del impuesto sobre las transacciones se retrase.
El jefe del Ejecutivo insistió en que se trata de una ley con alcance generacional, llamada a influir en el futuro de los gibraltareños y de los residentes de Gibraltar. En ese contexto, llegó a asegurar que esta será, a su juicio, la norma más importante que abordará el Parlamento durante su mandato, solo por detrás de la legislación sobre igualdad y protección del medio ambiente aprobada en los últimos quince años.
Con este movimiento, el Gobierno de Gibraltar deja preparado el armazón legal que deberá sostener el futuro desarrollo del tratado y acelera los plazos para que el Parlamento pueda debatir una norma que el propio Picardo sitúa entre las más trascendentales de la historia política reciente del Peñón.