Gibraltar estudia endurecer su respuesta contra los delitos sexuales más graves. El ministro de Justicia, Nigel Feetham, ha confirmado a la General Binding Corporation (GBC) que está valorando la posibilidad de introducir la castración química en casos especialmente graves, entre ellos violaciones y delitos sexuales cometidos contra menores.
La medida se plantea como una posible enmienda al futuro Sexual Offences Bill, el proyecto legislativo con el que el Gobierno gibraltareño pretende reforzar la respuesta penal frente a los delincuentes sexuales. Feetham ha señalado, no obstante, que una propuesta de este tipo exige un análisis jurídico profundo por sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos.
El ministro ha explicado que ha escrito al Gobierno del Reino Unido para conocer su posición sobre si esta medida podría plantear algún problema constitucional. La consulta resulta especialmente relevante porque la legislación aprobada en Gibraltar necesita el Royal Assent británico antes de poder entrar en vigor.
La posibilidad de incluir la castración química en la reforma legal se conoce después de que haya sido denegada la solicitud de liberación por razones humanitarias de un delincuente sexual condenado. Según GBC, el caso está relacionado con Charles Montegriffo, de 90 años.
La decisión de rechazar su salida de Windmill Hill llega después de unas declaraciones realizadas por Feetham poco después de la condena de Montegriffo. En aquel momento, el ministro afirmó que “la compasión debe ser para las víctimas, no para los autores de delitos sexuales graves”.
El Gobierno de Gibraltar también trabaja en cambios legislativos para que los condenados por delitos sexuales con penas superiores a un año tengan que cumplir al menos tres cuartas partes de su condena antes de poder acceder a la libertad condicional.
No obstante, No.6 ha aclarado que esta modificación no podrá aplicarse de forma retroactiva a las personas que ya han sido condenadas y que actualmente cumplen penas de prisión.
Además, el Ejecutivo prevé proponer una enmienda para regular y restringir el uso de las cautions, con el objetivo de mejorar la rendición de cuentas en la gestión de este tipo de casos.
La reforma del Sexual Offences Bill queda así marcada por un doble objetivo: endurecer la respuesta penal frente a los delitos sexuales más graves y, al mismo tiempo, garantizar que cualquier nueva medida encaje dentro del marco legal y constitucional aplicable en Gibraltar.