Un ciudadano británico de 66 años ha recibido una orden para abandonar Gibraltar después de haber sido condenado por exhibir una pancarta que podía generar sospechas razonables de apoyo a Hamás, organización prohibida en virtud de la legislación antiterrorista. La medida llega después de que el Tribunal de Magistrados rechazara una petición de la Fiscalía para expulsarlo del Peñón.
El afectado es A. F., quien, según informa el Gibraltar Chronicle, ha recibido una notificación oficial del comisionado de la Policía Real de Gibraltar, Owain Richards, que ha actuado en su condición de oficial principal de Inmigración.
La decisión supone un nuevo giro en el caso, ya que la Justicia había rechazado previamente la solicitud de expulsión presentada por la Corona. Sin embargo, posteriormente se ha recurrido a la vía administrativa prevista en la legislación de inmigración para ordenar su salida del territorio.
Farrell dispone ahora de 21 días para abandonar Gibraltar voluntariamente antes de que la medida se haga efectiva. La notificación lo declara inmigrante prohibido al amparo de la Ley de Inmigración, Asilo y Refugiados.
Una orden administrativa después del rechazo judicial
El caso tiene su origen en la condena impuesta a F. en aplicación de la Ley Antiterrorista por mostrar una pancarta cuyo contenido podía suscitar sospechas razonables de apoyo a Hamás.
Tras esa condena, la Corona solicitó al Tribunal de Magistrados que ordenara su expulsión de Gibraltar. No obstante, la petición fue desestimada.
Pese a esa decisión judicial, el comisionado Owain Richards ha utilizado sus competencias en materia de inmigración para notificar a Farrell su condición de inmigrante prohibido, lo que implica que deberá abandonar el Peñón.
Según la información publicada por el Gibraltar Chronicle, el ciudadano británico cuenta con un plazo de tres semanas para cumplir voluntariamente la orden.
De este modo, el caso presenta dos actuaciones diferenciadas: por un lado, el rechazo judicial de la expulsión solicitada por la Fiscalía y, por otro, la posterior decisión administrativa de obligarlo a abandonar Gibraltar mediante la normativa de inmigración.