Gibraltar ha modificado su normativa de contratación pública para permitir que determinados contratos puedan adjudicarse directamente a empresas privadas sin necesidad de anunciarlos previamente mediante un procedimiento abierto. La reforma, publicada en el Boletín Oficial de Gibraltar, introduce nuevas excepciones para la concesión de servicios e infraestructuras, aunque establece requisitos para justificar estas decisiones.
Los cambios, según explica la GBC, afectan específicamente a los contratos de concesión, aquellos mediante los cuales una administración otorga a una empresa privada el derecho a explotar determinadas infraestructuras o prestar servicios que generan ingresos. Con la nueva regulación, las autoridades podrán recurrir a negociaciones directas en una serie de circunstancias contempladas expresamente en la normativa.
Entre los supuestos permitidos figuran las situaciones de extrema urgencia, los procedimientos en los que no se hayan recibido ofertas adecuadas o aquellos casos en los que únicamente exista un operador capaz de prestar el servicio. Estas circunstancias permitirán prescindir de una nueva convocatoria pública y negociar directamente la adjudicación.
La reforma también contempla excepciones cuando el ministro competente tenga motivos razonables para considerar que la adjudicación directa resulta necesaria y proporcionada para proteger determinados intereses públicos. Entre ellos se incluyen la seguridad y el orden público, la salud humana, animal o vegetal, la moral pública y los derechos de propiedad intelectual.
La protección del empleo y la economía también podrán justificar excepciones
La nueva normativa amplía las circunstancias que podrán tenerse en cuenta a la hora de recurrir a este procedimiento excepcional.
Entre ellas figuran la protección de puestos de trabajo, la seguridad de infraestructuras críticas y la estabilidad económica y financiera de Gibraltar.
De esta manera, las autoridades podrán valorar no solo las características del contrato, sino también sus posibles repercusiones sobre determinados intereses estratégicos del Peñón.
No obstante, la posibilidad de negociar directamente con una empresa no elimina las obligaciones de justificación. Las administraciones deberán dejar constancia por escrito de los motivos que respaldan la decisión, así como de las medidas adoptadas para garantizar la transparencia y la igualdad de trato.
Además, tendrán que presentar el correspondiente anuncio de adjudicación de la concesión.
Los procedimientos ya iniciados también podrán acogerse a las nuevas reglas
Otro de los aspectos que aclara la reforma es el tratamiento de los procedimientos previos de manifestación de interés.
Cuando una administración haya publicado anteriormente una convocatoria para conocer qué empresas estaban interesadas en un proyecto, esta podrá considerarse un procedimiento de contratación previo, siempre que se haya desarrollado de manera abierta, transparente y no discriminatoria.
Si esa convocatoria no recibió ofertas o solicitudes adecuadas, las autoridades podrán pasar a una negociación directa sin necesidad de repetir el procedimiento, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones originales del contrato.
La regulación también introduce cambios para los grandes proyectos de infraestructuras que requieran inversiones de al menos cinco millones de libras esterlinas.
En estos casos, el Gobierno podrá tener en cuenta factores adicionales, como el valor del proyecto a largo plazo y los costes de mantenimiento, para determinar la duración de los contratos de concesión.
Por último, las modificaciones podrán aplicarse también a procedimientos de contratación que ya se encuentren en marcha, sin que sea necesario cancelarlos y comenzar de nuevo.