Gibraltar comenzará a regular el uso de los vehículos eléctricos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, con la puesta en marcha de las primeras medidas anunciadas este lunes por el Gobierno. El objetivo es ordenar su uso en la vía pública sin llegar a prohibirlos, reconociendo su utilidad para muchos ciudadanos y su aportación a la reducción del tráfico y de las emisiones contaminantes.
Una de las medidas clave será la imposición de un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora. Para ello, el Ejecutivo ha elaborado un proyecto de ley que permitirá utilizar radares móviles para controlar la velocidad de estos vehículos y autorizará a las fuerzas del orden a retirar y confiscar aquellos que superen ese límite. Los dispositivos que circulen por encima de esa velocidad dejarán de considerarse vehículos de movilidad personal y solo podrán recuperarse una vez adaptados a la normativa o registrados como vehículos eléctricos ante el departamento de matriculación.
Junto a esta limitación, el Gobierno pondrá en marcha un sistema de registro obligatorio para todos los vehículos eléctricos de movilidad personal que se utilicen en la vía pública. El registro será anual, tendrá un coste de 10 libras y exigirá aportar identificación y justificante de domicilio. Una vez inscritos, los vehículos deberán llevar visible una pegatina con un código QR, que servirá para su identificación. Los registros incorrectos, caducados o inexistentes podrán dar lugar a la incautación del vehículo hasta que se regularice la situación.
El sistema de registro se gestionará de forma online y su desarrollo ha sido adjudicado a la empresa Piranha tras un proceso abierto. Está previsto que entre en funcionamiento en marzo o abril de 2026, con un periodo de adaptación para que los usuarios puedan cumplir con la nueva normativa. Las pegatinas identificativas se imprimirán y recogerán en el Centro de Atención al Cliente del Gobierno, situado en la Calle Real.
Además, el Ejecutivo trabaja en paralelo para introducir un seguro de responsabilidad civil para estos vehículos. Aunque las negociaciones con aseguradoras no han despertado aún un interés suficiente en el mercado local, el Gobierno confía en poder ofrecer un producto adecuado y hacer obligatorio el seguro en cuanto esté disponible.
El ministro de Transporte, John Cortés, subrayó que estas medidas buscan equilibrio entre utilidad y seguridad. Según explicó, los vehículos eléctricos de movilidad personal ya forman parte de la vida cotidiana en Gibraltar, pero la ciudadanía también tiene derecho a exigir control y responsabilidad. Estas iniciativas, señaló, son solo el inicio de un plan más amplio para integrar este tipo de transporte dentro del régimen general de tráfico y actuar con firmeza cuando se utilicen de forma peligrosa o ilegal.