El Tribunal Supremo de Gibraltar ha dictado una orden de confiscación de bienes contra M.H tras su condena por un delito relacionado con drogas de clase A, en aplicación de la Proceeds of Crime Act 2015 (POCA), la normativa que permite recuperar beneficios obtenidos mediante actividades delictivas.
La resolución judicial llega después de que el acusado fuera declarado culpable de posesión de cocaína con intención de suministro, en un caso que se remonta a noviembre de 2022.
Detención y condena
Según la información oficial, el condenado fue detenido el 3 de noviembre de 2022 bajo sospecha de estar en posesión de cocaína con un valor estimado en el mercado de unas 5.268 libras.
Tras el proceso judicial correspondiente, el acusado fue condenado el 6 de noviembre de 2024 por el citado delito. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2024, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión.
Una vez concluido el juicio penal, se iniciaron procedimientos de confiscación con el objetivo de determinar si el condenado había obtenido beneficios económicos derivados de su actividad delictiva.
Orden judicial de confiscación
Durante la vista celebrada para analizar los beneficios obtenidos por el acusado, el tribunal concluyó que Hernández había obtenido ganancias procedentes del delito.
En consecuencia, el Tribunal Supremo ordenó la confiscación de 5.000 libras, una cantidad que deberá ser abonada en un plazo máximo de dos años.
En caso de no cumplir con el pago dentro del periodo establecido, el condenado se enfrentará a una pena adicional de seis meses de prisión.
Investigación de beneficios económicos del delito
La Unidad de Delitos Económicos de la Royal Gibraltar Police (RGP) continúa impulsando este tipo de procedimientos en los casos en los que se detecta que una persona ha obtenido beneficios financieros mediante conductas criminales.
Según han señalado las autoridades, estas actuaciones forman parte de una estrategia destinada a impedir que los delincuentes conserven las ganancias obtenidas de actividades ilícitas, reforzando así la lucha contra el crimen mediante el seguimiento y recuperación de dinero procedente del delito.
Otro caso reciente de tráfico de cocaína en Gibraltar
En un procedimiento judicial distinto, el Tribunal Supremo de Gibraltar también ha condenado recientemente a Z.P, de 28 años, por introducir cocaína a través de la frontera, según ha informado la GBC.
El acusado fue interceptado en septiembre de 2024 en el paso fronterizo, donde inicialmente informó a los agentes de aduanas de que llevaba cannabis consigo. Sin embargo, durante el registro posterior se localizaron 45 gramos de cocaína.
Parody aseguró que transportaba la droga para un amigo, aunque finalmente fue arrestado y acusado de posesión e importación de drogas de clase A.
Condena de prisión
Durante la sentencia, el juez del Tribunal Supremo, Liam Yeats, tuvo en cuenta el reconocimiento temprano de culpabilidad por parte del acusado, lo que permitió reducir la duración de la condena.
Finalmente, Z.P fue condenado a dos años y tres meses de prisión, mientras que el tribunal ordenó la destrucción de la droga incautada.
Tras la sentencia, las autoridades han confirmado que se abrirá una investigación para determinar si el acusado obtuvo algún beneficio económico de su actividad delictiva.
En el proceso judicial, Leigh Debono actuó como abogado defensor, mientras que Patrick Canessa representó a la acusación en nombre de la Corona.

