Gibraltar aparece citado en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la construcción del primer gran centro comercial de Melilla, el Parque Murias, inaugurado en 2017. Según ha publicado El País, los agentes ven indicios de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en actuaciones desarrolladas durante el Gobierno del popular Juan José Imbroda en la ciudad autónoma, entre 2015 y 2019.
La investigación no nace directamente del proyecto comercial, sino de las indagaciones abiertas por una presunta trama de compra de voto por correo en Melilla durante las elecciones de 2023. En ese contexto, la UDEF localizó documentación y recabó un testimonio que, de acuerdo con el informe policial fechado el 4 de marzo, apuntaría a una posible “mecánica delictiva” relacionada con la adjudicación de terrenos para levantar el Parque Murias, el primer centro comercial de gran envergadura de la ciudad.
El informe, siempre según la información publicada por El País, identifica al propio Juan José Imbroda, actual presidente del Ejecutivo melillense, dentro de los hechos analizados. El Gobierno de Melilla ha rechazado tajantemente el contenido del documento policial, al que afirma haber tenido acceso de manera “completamente extraoficial”. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el informe es “absolutamente falso” y carente de rigor, y han anunciado una denuncia contra “el autor o autores” del mismo.
Un manuscrito denominado ‘Operación Valenzuela’
Uno de los elementos que habría llamado la atención de los investigadores es un documento manuscrito intervenido durante un registro domiciliario. En esas notas aparece un esquema denominado “Operación Valenzuela”, en referencia a unos terrenos situados en la carretera del Cuartel de Valenzuela, en Melilla.
Esos terrenos pertenecían al Ministerio de Defensa y fueron posteriormente adquiridos por el Gobierno melillense del PP. En 2014, el Ejecutivo autonómico modificó el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla para facilitar el futuro desarrollo del parque comercial, que terminaría inaugurándose en noviembre de 2017.
La UDEF vincula ese manuscrito con el testimonio de una fuente confidencial, que, según el informe, habría aportado datos sobre la operación. Los agentes consideran relevante el cruce entre ese documento intervenido y la declaración recabada, aunque el propio informe reconoce que las indagaciones están todavía limitadas y que la Policía no dispone de los expedientes administrativos completos relacionados con la operación inmobiliaria.
Presunto beneficio económico y mención a Gibraltar
El punto de mayor interés desde Gibraltar aparece en la parte del informe en la que la UDEF recoge que el objetivo final de la presunta operativa habría sido obtener un gran beneficio económico con la construcción del centro comercial y eludir el pago de impuestos locales, concretamente el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, conocido como IPSI.
La cantidad presuntamente defraudada se situaría, según el relato recogido por los agentes, entre siete y ocho millones de euros. El informe añade que esas cantidades podrían haber tenido como destino final unas cuentas bancarias ubicadas en Gibraltar, cuyos titulares serían supuestamente personas implicadas en el proyecto y cargos políticos que habrían favorecido la omisión del pago de los tributos correspondientes.
La palabra Gibraltar aparece también en el manuscrito requisado por la UDEF, junto al apellido Imbroda, según la información publicada. No obstante, el informe policial no acredita por sí solo la existencia de esas cuentas ni concreta operaciones bancarias verificadas en Gibraltar dentro de la información aportada.
Empresas señaladas en la operación
La UDEF menciona en su informe a varias personas jurídicas que habrían participado en el proyecto del Parque Murias. Entre ellas figuran Drago Capital, Tres Forcas Capital, Murias Parque Melilla SL y Nueva Melilla y Asociados.
Según el informe, la presunta mecánica habría consistido en modificar el planeamiento urbanístico y orientar la licitación de forma que esas empresas fueran las únicas adjudicatarias del proyecto. Los agentes sostienen que los terrenos fueron ofrecidos en subasta pública después de la modificación del PGOU, supuestamente con el objetivo de beneficiar a esas sociedades.
El grupo Drago Capital aparece relacionado en la información con Oleguer Pujol Ferrusola, hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. En el manuscrito intervenido por la Policía figura el apellido “Puyol”, escrito con y, aunque el informe no identifica expresamente a Oleguer Pujol como investigado en esta pieza.
Cargos del Gobierno melillense citados en el informe
El documento policial recoge la identificación de varias personas físicas vinculadas al Ejecutivo de Melilla entre 2015 y 2019. Además de Juan José Imbroda, se cita a la entonces directora general de Gestión Tributaria, María Ángeles; al director general de Vivienda y Urbanismo, José Luis Matías Estévez; al técnico contable de la Intervención General, Antonio Francisco Valdivieso; al consejero de Fomento, Francisco Javier González García; y a la diputada del PP en la Asamblea de Melilla Simi Chocron.
También se menciona a Blas Jesús Imbroda, hermano del presidente y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, aunque sin cargo político. El informe incluye además a Dunia Al Mansouri, consejera de Hacienda, Empleo y Comercio durante el Ejecutivo de 2019-2023 y perteneciente a Coalición por Melilla, formación implicada en la causa por la presunta compra de votos por correo en las elecciones autonómicas de 2023.
El Gobierno de Melilla rechaza el informe
El Ejecutivo melillense ha negado el contenido del informe policial y sostiene que las conclusiones de la UDEF no han sido contrastadas con los órganos administrativos correspondientes. Fuentes del Gobierno de Imbroda afirman que la información es falsa y anuncian acciones legales contra quienes hayan elaborado el documento.
La UDEF, por su parte, remite sus conclusiones a la autoridad judicial para su valoración. Los investigadores consideran que el manuscrito intervenido y la información aportada por la fuente confidencial podrían revelar hechos susceptibles de ser calificados como prevaricación, malversación de caudales públicos y otras posibles figuras delictivas asociadas.
Por ahora, la causa permanece en una fase de análisis policial y judicial. La propia Policía admite que no dispone de todos los expedientes administrativos de la operación, por lo que el recorrido de esta nueva línea de investigación dependerá de las diligencias que pueda acordar el juzgado competente.