El proyecto urbanístico Eastside en Gibraltar vuelve a colocarse en el centro de la polémica: los vertidos de escollera y materiales que amplían el terreno ganado al mar en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental han llevado a Verdemar Ecologistas en Acción a presentar una querella, mientras un juzgado de La Línea y la Fiscalía de Algeciras investigan ya posibles delitos graves contra el medio ambiente.
El grupo ecologista ha interpuesto una querella contra los responsables del proyecto urbanístico Eastside, en Gibraltar, por los vertidos de escollera y otros materiales en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, según aseguran, en un enclave protegido por la Red Natura 2000.
Investigación
En un comunicado, Verdemar ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 2 de La Línea de la Concepción (Cádiz) ya ha abierto diligencias previas para investigar posibles delitos graves contra el medio ambiente relacionados con estos trabajos. Paralelamente, la Fiscalía de Área de Algeciras mantiene abiertas diligencias de investigación procesal para esclarecer los hechos, centrados en los rellenos que se están llevando a cabo en aguas que España reclama como propias.
Así, recuerdan que se han personado como acusación popular en el proceso, subraya que “es ahora cuando se infiere la dimensión nacional de la trama delictiva y cómo afecta al interés de los ciudadanos”, aunque no hubiese sido estrictamente necesaria la presentación formal de querella para actuar.
Según denuncia el colectivo ecologista, desde la cantera de Casares (Málaga) se ha estado trasladando piedra de escollera de gran tonelaje hasta Gibraltar para las obras de ampliación del Eastside, con el objetivo de “seguir ganando terreno al mar”. Estos rellenos podrían vulnerar el Real Decreto 1620/2012, que declara la zona como Lugar de Importancia Comunitaria y aprueba las medidas de conservación correspondientes.
Verdemar alerta del impacto ambiental que este tipo de actuaciones puede tener sobre un espacio marino de alto valor ecológico, e insiste en la necesidad de que las autoridades judiciales y medioambientales adopten medidas contundentes para frenar estas prácticas.