Verdemar Ecologistas en Acción reclama más medios para poder investigar los rellenos del proyecto Eastside o Marina Este de Gibraltar después de que el Juzgado de La Línea de la Concepción acordara el sobreseimiento provisional de las actuaciones al considerar que las diligencias practicadas no aportaban indicios suficientes de la existencia del delito denunciado.
La organización ecologista considera que la investigación no puede darse por agotada cuando la propia resolución judicial recoge que la Guardia Civil no pudo investigar la zona marítima donde se desarrollan las obras, al no permitirlo las autoridades de Gibraltar.
El auto señala, según expone Verdemar, que esta imposibilidad llevó la investigación a un “punto muerto” por motivos diplomáticos, y no por causas procesales o judiciales.
Para el colectivo, esta circunstancia resulta determinante, ya que sostiene que no puede descartarse la existencia de nuevos indicios cuando una parte esencial del espacio objeto de las diligencias no ha podido ser inspeccionada por las autoridades españolas.
El procedimiento comenzó en junio de 2025
El recorrido judicial se inició con una providencia de 5 de junio de 2025, mediante la que se requirió a Verdemar Ecologistas en Acción para personarse en la causa y se estableció una fianza de 10.000 euros.
La organización presentó una querella criminal el 25 de junio de 2025 y solicitó en ese mismo escrito quedar exenta del pago de la fianza o, subsidiariamente, que su importe fuera reducido al considerar que la cantidad resultaba excesiva para una asociación ecologista.
Según Verdemar, estaba dispuesta a asumir la fianza que finalmente determinara el Juzgado, pero entendía que antes debía resolverse su solicitud de reducción o exención. El colectivo asegura que esa petición no recibió una respuesta expresa antes de que se acordara el archivo de las actuaciones.
Sobreseimiento provisional en enero
El 23 de enero de 2026, el Juzgado dictó un auto de sobreseimiento provisional, al considerar que las diligencias desarrolladas hasta ese momento no permitían justificar suficientemente la existencia del delito denunciado.
La resolución recoge, siempre según la información facilitada por Verdemar, que la Guardia Civil comunicó que no podía investigar la zona marítima en la que se ejecutan los rellenos porque las autoridades de Gibraltar no lo permiten.
El Juzgado señala además que el Ministerio Fiscal puede ordenar nuevas diligencias y recuerda que, al tratarse de un archivo provisional, el procedimiento puede reabrirse en caso de que aparezcan nuevos indicios de delito y puedan determinarse las personas o empresas que eventualmente pudieran resultar responsables.
Verdemar recurrió el archivo
La organización ecologista presentó el 10 de abril de 2026 un recurso de apelación contra el sobreseimiento, solicitando la nulidad de las actuaciones.
En su recurso denunció que permanecían pendientes de resolución cuestiones que consideraba fundamentales, entre ellas su personación en el procedimiento, la querella presentada y la petición de exención o reducción de la fianza.
Cuatro días después, el 14 de abril de 2026, Verdemar recibió una diligencia de ordenación en la que se señalaba que no podía ser considerada parte del procedimiento al no haber abonado la fianza de 10.000 euros.
El colectivo cuestiona esta circunstancia al sostener que previamente había solicitado una decisión judicial sobre la reducción o exención de esa cantidad y se encontraba a la espera de una resolución.
Un nuevo auto en julio
El 28 de julio de 2026, el Juzgado dictó un nuevo auto en el que reconocía que en la resolución de enero se había producido un “error personal e informático” por el que se había omitido un párrafo con parte de la fundamentación jurídica del sobreseimiento.
Según Verdemar, el propio Juzgado reconoció que ese contenido constituía un elemento “imprescindible” para fundamentar el archivo y que debía ser tenido en consideración por quienes habían presentado recurso de apelación.
La asociación solicitó la nulidad de este nuevo auto al entender que no se trataba únicamente de una corrección formal, sino de la incorporación posterior de una argumentación jurídica esencial a una resolución que ya había sido dictada, notificada y recurrida.
El Juzgado inadmitió finalmente esta petición de nulidad y señaló que el recurso de apelación presentado contra la resolución original podía ser complementado.
“No se puede concluir que no hay indicios sin poder investigar la zona”
Verdemar sostiene que la imposibilidad de realizar diligencias en el área marítima de las obras dificulta esclarecer los hechos denunciados.
La organización insiste además en que el procedimiento se encuentra sobreseído provisionalmente y que no existe una resolución definitiva que establezca que los hechos denunciados no se produjeron.
Por ello, considera necesario que puedan llevarse a cabo las investigaciones pendientes y que, si aparecen nuevos indicios, el procedimiento sea reabierto conforme contempla el propio auto judicial.
El colectivo también reclama una mayor implicación de las administraciones competentes y sostiene que la investigación de posibles afecciones medioambientales no debería recaer exclusivamente sobre una organización formada fundamentalmente por voluntarios y financiada mediante las cuotas de sus socios.
Verdemar asegura que no reclama un trato de favor, sino medios para investigar, esclarecer los hechos y garantizar la protección del medio ambiente.
La organización señala que los rellenos de Eastside o Marina Este de Gibraltar afectan a un espacio marino de especial protección y considera que la imposibilidad de investigar desde España lo que ocurre en la zona marítima de las obras no debería convertirse en un obstáculo permanente para conocer su impacto.
Para Verdemar, el carácter provisional del sobreseimiento deja abierta la posibilidad de que las diligencias puedan continuar en el futuro si aparecen nuevos elementos que justifiquen su reapertura.