El Gobierno de Gibraltar ha confirmado este 31 de julio de 2026 que mantiene reforzada la vigilancia fronteriza ante la grave situación que atraviesa Ceuta y ha advertido de que cualquier persona que entre o permanezca irregularmente en el territorio podrá ser detenida, expulsada o devuelta a la frontera conforme a la legislación gibraltareña.
El Ejecutivo del Peñón ha expresado su solidaridad con Ceuta tras la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma y ha trasladado sus condolencias a las familias de quienes han perdido la vida durante esta emergencia.
Gibraltar ha mostrado también su apoyo a los servicios de emergencia españoles, fuerzas y cuerpos de seguridad, organizaciones humanitarias y autoridades europeas que trabajan para atender la situación.
Pese a la preocupación por lo ocurrido en Ceuta, el Gobierno gibraltareño considera “extremadamente improbable” que la situación tenga consecuencias para Gibraltar. No obstante, asegura que se están adoptando todas las precauciones necesarias.
Entrar irregularmente en España no da derecho a acceder a Gibraltar
El Ejecutivo ha querido dejar claro que una persona que haya accedido irregularmente a España o al espacio Schengen no obtiene por ese hecho ningún derecho para entrar posteriormente en Gibraltar.
Tampoco adquiere derecho a buscar empleo o establecer su residencia en el Peñón, ya que las normas gibraltareñas en materia de inmigración, empleo y residencia continúan plenamente vigentes.
La Policía Real de Gibraltar (RGP), la Agencia de Fronteras y Guardacostas (BCA) y el resto de organismos competentes mantienen un nivel reforzado de vigilancia tras la implementación del Tratado y continuarán operando de esta manera durante el futuro previsible.
Detención, expulsión o devolución a la frontera
El Gobierno señala que, cuando existan motivos razonables para considerar que una persona que se encuentre en Gibraltar ha entrado ilegalmente o no dispone de base jurídica para permanecer en el territorio, las autoridades actuarán conforme a la legislación vigente.
Entre las medidas previstas se encuentran la detención, la expulsión o la devolución a la frontera, siempre sujetas a los procedimientos legales correspondientes y a las circunstancias particulares de cada persona.
El Ejecutivo insiste, no obstante, en que actualmente no existe motivo de alarma en Gibraltar y sostiene que las fuerzas del orden y los organismos fronterizos permanecen coordinados y preparados ante cualquier posible consecuencia derivada de la emergencia que se vive en Ceuta.