El silencio en la sala se rompió con una frase que nadie quería oír: “Con gran pesar, tengo que disolver el jurado”. Las palabras del Chief Justice Anthony Dudley cayeron como un mazazo sobre un proceso que ya acumulaba semanas de incertidumbre. El juicio contra el agente de policía Elliott Brooke, acusado de agresión sexual e intento de violación, volvía a suspenderse. Y esta vez, por algo tan grave como la posible manipulación del jurado.
Según informó GBC, el tribunal se disponía a retomar este martes las deliberaciones del jurado, que el lunes no había logrado alcanzar un veredicto. Pero antes de que los miembros pudieran volver a reunirse, el fiscal principal, Johan Fernández, pidió la palabra. Llevaba una noticia que cambiaría el rumbo del caso.
Una conversación al salir del tribunal
El fiscal explicó que un agente de policía, amigo personal del acusado, se había puesto en contacto con él para contarle algo inquietante. Dijo haber visto cómo una mujer se acercaba a dos jurados al término de la sesión del lunes, y que los tres hablaron sobre el caso fuera del edificio. Incluso tomó una fotografía de la escena, porque —según sus propias palabras— le hizo sentir “incómodo”.
El episodio bastó para encender todas las alarmas. El contacto con jurados fuera del tribunal es una línea roja, y aunque no se tratara de un intento consciente de influir, el solo hecho de que ocurriera bastaba para poner en duda la pureza del proceso. El abogado defensor, Shane Danino, reconoció que era imposible medir el efecto que aquella interacción podría haber tenido sobre los jurados. Y ahí intervino el juez Dudley, con tono grave: la justicia, dijo, “no puede convivir con la sombra de la sospecha”.
El momento de la ruptura
En cuestión de segundos, lo que debía ser una mañana rutinaria de deliberaciones se convirtió en una escena cargada de tensión. El juez disolvió el jurado, pidió disculpas al acusado y lamentó “haber perdido tres semanas de trabajo judicial” que podrían haberse destinado a otros casos.
En la sala, el ambiente se tornó emocional. Familiares lloraban mientras la mujer señalada por haber hablado con los jurados —que se encontraba entre el público— se levantó y gritó: “¡Es mentira!”. A su paso, alguien le espetó: “¡Has puesto en peligro el caso!”.
Fue un final abrupto, inesperado y profundamente frustrante para todas las partes.
Un juicio que no consigue llegar a puerto
Este no es el primer tropiezo del proceso. Ya hace dos semanas, otro jurado tuvo que ser disuelto por problemas internos. Ahora, el Supremo de Gibraltar se enfrenta al desafío de empanelar un tercer jurado para juzgar el mismo caso.
El Chief Justice anunció que el retrial (nuevo juicio) podría celebrarse en primavera, lo que llevaría el cómputo total a cinco semanas dedicadas a un solo procedimiento. Mientras tanto, Elliott Brooke, de 33 años, permanece en libertad bajo fianza a la espera de que se fije una nueva fecha.
El caso deja tras de sí una estela de desconcierto en el sistema judicial gibraltareño. Tres semanas de testimonios, deliberaciones y recursos suspendidas por un encuentro fortuito —o no tanto— a las puertas del tribunal. Y en medio, un acusado que aún no ha escuchado un veredicto, un juez que se disculpa ante la pérdida de tiempo judicial y una comunidad legal que se pregunta cómo evitar que la historia vuelva a repetirse.