Un residente en Manilva de 59 años se enfrenta a dos cargos relacionados con el fraude y el uso de dinero de procedencia delictiva en Gibraltar. El hombre, de nacionalidad británica e identificado por las iniciales P. M., está acusado de haberse apropiado de aproximadamente 30.000 libras esterlinas pertenecientes a una empresa en la que trabajaba.
El caso salió a la luz en abril de este año, cuando una compañía gibraltareña acudió a la Policía Real de Gibraltar (RGP) después de detectar posibles irregularidades en sus movimientos económicos. Las sospechas apuntaban a que uno de sus trabajadores podría haber estado enviando dinero de la empresa directamente a una cuenta bancaria de su titularidad.
La denuncia dio paso a una investigación de la Unidad de Delitos Económicos (ECU), cuyos agentes comenzaron a examinar los hechos para determinar si se había producido una apropiación indebida de fondos. Durante las pesquisas, el sospechoso fue detenido por su posible relación con los movimientos investigados.
Después de varios meses de trabajo, la Policía concluyó que el empleado presuntamente había desviado y utilizado una cantidad cercana a las 30.000 libras. Estas averiguaciones han desembocado en la presentación de dos acusaciones formales: una por fraude mediante abuso de posición y otra por uso de propiedad delictiva.
Comparecencia ante la Justicia de Gibraltar
La formulación de los cargos tuvo lugar durante la tarde del miércoles 14 de octubre. Tras este trámite, el acusado pasó la noche bajo custodia policial en las instalaciones de New Mole House.
Su comparecencia ante la Corte de Magistrados de Gibraltar estaba prevista para la mañana de este jueves 15 de octubre, donde deberá responder por los hechos que se le atribuyen.
Desde la Policía Real de Gibraltar han puesto en valor la labor de su unidad especializada en delitos económicos, encargada de investigar posibles operaciones fraudulentas y actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.
Un portavoz policial ha señalado que este procedimiento refleja el trabajo que desarrolla la unidad para esclarecer denuncias de delincuencia financiera y trasladar a los tribunales los casos en los que existen indicios de posibles delitos.
Por el momento, el procedimiento se encuentra en fase judicial y los hechos atribuidos al acusado deberán ser determinados por los tribunales, respetando en todo caso su presunción de inocencia.