La diputada de Vox por Cádiz, Blanca Armario, ha reclamado al Gobierno de España que explique qué medidas prevé adoptar ante las posibles consecuencias que la desaparición de los controles fronterizos entre Gibraltar y La Línea de la Concepción pueda tener sobre el mercado inmobiliario y la calidad de vida de los vecinos del municipio.
La parlamentaria ha mostrado su preocupación por el escenario que podría abrirse con la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar y ha advertido de que una mayor integración entre ambos territorios podría traducirse en un incremento de la presión sobre el mercado residencial linense.
Según ha señalado Armario en un comunicado, existe el riesgo de que aumente la demanda de vivienda en La Línea, lo que podría dificultar todavía más el acceso a la compra o al alquiler para los residentes locales. «Los linenses tienen derecho a conocer qué previsiones maneja el Gobierno y qué herramientas piensa poner en marcha para evitar que el aumento de la demanda residencial termine expulsando a los vecinos de su propio mercado inmobiliario», ha afirmado.
La diputada también ha solicitado información sobre el impacto económico y social que el Ejecutivo calcula que tendrá la eliminación de los controles fronterizos en las poblaciones próximas al Peñón, especialmente en La Línea, por su estrecha relación laboral, comercial y social con Gibraltar.
Armario ha defendido que cualquier acuerdo internacional debe tener en cuenta la realidad de los territorios afectados y ha advertido de que los posibles beneficios económicos derivados de una mayor movilidad no pueden traducirse en más dificultades para que los residentes accedan a una vivienda o desarrollen su proyecto de vida en la ciudad.
Reclama una evaluación previa
La representante de Vox ha insistido en que el Gobierno debe actuar con anticipación y analizar los posibles efectos que el nuevo escenario fronterizo pueda tener sobre los precios de compra y alquiler en La Línea.
En este sentido, ha pedido que se diseñen políticas específicas orientadas a proteger a las familias frente a eventuales desequilibrios derivados de la aplicación del acuerdo sobre Gibraltar, así como mecanismos que permitan preservar el acceso a la vivienda para los residentes del municipio.
Las declaraciones llegan en plena cuenta atrás para la entrada en vigor provisional del tratado, prevista para el próximo 15 de julio, una fecha que marcará el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Gibraltar y la Unión Europea tras el Brexit.