No basta con que una operación resulte sospechosa. Esa es una de las claves de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha revocado la condena dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz contra cuatro personas de una misma familia por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
El alto tribunal ha absuelto a los cuatro acusados al considerar que no quedó suficientemente acreditado que los bienes adquiridos entre 2016 y 2018 procedieran de una actividad delictiva previa relacionada con el tráfico de drogas. La resolución deja sin efecto las penas de más de tres años de cárcel y las multas que llegaban hasta los 722.000 euros.
La sentencia, recogida por Europa Press, analiza el caso de un principal acusado del que, según la resolución inicial, habría salido el dinero para la adquisición de distintos bienes. Este hombre había sido detenido en ocasiones anteriores por blanqueo de capitales, en mayo de 2018, y por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, en febrero de 2019. También había sido identificado en compañía de personas relacionadas con el narcotráfico.
Sin embargo, el TSJA centra su análisis en un punto concreto: los bienes por los que fueron condenados los acusados habían sido adquiridos en el periodo comprendido entre 2016 y 2018. Y, para el tribunal, no se ha probado con la certeza necesaria que esas adquisiciones estuvieran conectadas con una actividad criminal previa.
La resolución reconoce que la sentencia de la Audiencia Provincial resulta “absolutamente racional” en sus razonamientos sobre el elemento subjetivo del delito de blanqueo y las conductas atribuidas a los acusados. También admite que la irregularidad de esas actuaciones era “irrefutable”, así como la falta de medios lícitos del principal acusado para afrontar la construcción de la vivienda en la que residía con su pareja, descrita como ostentosa y “sumamente sospechosa”.
Pese a ello, el TSJA considera que la sentencia recurrida no logró acreditar el vínculo necesario entre esas maniobras y una actividad de narcotráfico. Dicho de otro modo, el tribunal entiende que podía existir una base sólida para iniciar una investigación, pero no una prueba suficiente para mantener una condena penal.
El fallo recuerda que estar investigado por tráfico de drogas, no disponer de actividad económica lícita conocida o haber sido identificado con personas del entorno del narcotráfico podían justificar la apertura de diligencias por un presunto delito de blanqueo. Pero subraya que la condena exige algo más: demostrar que las ganancias utilizadas para comprar bienes o construir una vivienda procedían realmente de una actividad criminal.
En este caso, según el TSJA, no era posible afirmar “con absoluta certeza” que el dinero empleado tuviera ese origen. Por ello, el tribunal concluye que el enlace entre las operaciones descritas en la sentencia —como la compra de una vivienda o de un vehículo— y la actividad de narcotráfico no puede darse por acreditado.
La resolución se apoya además en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que una condena por blanqueo de capitales no exige describir con detalle la actividad delictiva previa, pero sí constatar que el dinero procede de una actividad criminal. La clave, señala el tribunal, está en determinar si esa certeza se basa en una prueba suficientemente sólida.
“El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha”, recoge la sentencia. El TSJA insiste en que, como cualquier otro delito, requiere prueba de todos sus elementos, incluido el origen criminal de los bienes, y no solo la existencia de indicios, irregularidades o conductas aparentemente incompatibles con los ingresos lícitos de los acusados.