Un control rutinario de la Policía Local de La Línea de la Concepción ha terminado con la intervención de 30 jilgueros que eran transportados en un vehículo y que carecían del correspondiente anillado identificativo.
La actuación fue realizada por agentes de la Unidad de Respuesta Inmediata durante un dispositivo de identificación de personas y vehículos. Al localizar las aves, los policías preguntaron al conductor por su procedencia. El hombre manifestó que había adquirido los animales a un particular, aunque no pudo presentar una factura que acreditara la operación económica ni facilitó datos sobre la persona que supuestamente se los había vendido.
Los agentes comprobaron además que los jilgueros carecían de anillas identificativas y que el conductor tampoco disponía de documentación que lo acreditara como criador. Ante estas circunstancias, levantaron un acta de incautación de las 30 aves y pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.
Los 30 jilgueros han quedado intervenidos mientras los hechos han sido trasladados a la autoridad judicial para las actuaciones que correspondan.
La compra y venta de ejemplares silvestres, prohibida
Desde la Policía Local advierten de que los hechos pueden constituir una infracción administrativa conforme a la normativa que protege la fauna silvestre y regula la tenencia de este tipo de aves.
Según la información policial, está prohibido atrapar aves fringílidas procedentes del medio natural salvo en supuestos excepcionales y sometidos a autorización específica. También puede constituir una infracción la tenencia de ejemplares de origen silvestre sin la correspondiente acreditación legal o sin una anilla cerrada homologada.
La Policía Local señala igualmente que está prohibida la compraventa de estas aves en las circunstancias contempladas por la legislación y cita, entre otras normas, la Ley de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía, la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Además de las posibles consecuencias administrativas, los agentes advierten de que determinadas conductas relacionadas con la captura y tenencia ilegal de fauna pueden llegar a encajar en un delito contra la flora y la fauna, contemplado en los artículos 334 a 336 del Código Penal y susceptible de conllevar penas de prisión, multa e inhabilitación.