España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y reforzará el control sobre las plataformas digitales para exigir responsabilidades legales directas a sus directivos por las infracciones que se cometan en ellas. Así lo ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubái con la participación de una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.
Según ha explicado Sánchez, el Ejecutivo aprobará la próxima semana un paquete de medidas orientadas a convertir las plataformas digitales en un entorno saludable, con especial atención a la protección de los menores frente a los riesgos asociados al uso de las redes sociales.
Controles efectivos y barreras reales para impedir el acceso de menores
El presidente del Gobierno ha subrayado que la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años exigirá la implantación de medidas de control efectivas por parte de las plataformas. Estas deberán establecer barreras reales y funcionales que impidan el acceso de usuarios que no alcancen la edad mínima permitida.
El objetivo, según ha señalado, es evitar que los sistemas de verificación actuales resulten ineficaces y garantizar que las restricciones de edad se apliquen de forma real y verificable.
Responsabilidad penal para los directivos de las plataformas
Sánchez ha concretado además las medidas destinadas a poner fin a la impunidad de las plataformas digitales. En este sentido, ha anunciado que los directivos de las redes sociales serán legalmente responsables de las infracciones que se produzcan en los entornos digitales bajo su gestión.
Entre las iniciativas previstas, el Gobierno tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, una práctica que, según el Ejecutivo, contribuye a la difusión de mensajes dañinos y contrarios a la ley.
Investigación de posibles infracciones en grandes plataformas
El presidente ha informado también de que el Gobierno estudiará, junto a la Fiscalía, las posibles infracciones legales cometidas por plataformas como Grok, TikTok e Instagram, en el marco de estas nuevas políticas de control y supervisión.
Además, se creará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita identificar lo que Sánchez ha denominado una «huella de odio y polarización», con el fin de analizar y combatir la propagación de contenidos que fomenten la confrontación social.
Australia, primer país en aplicar una prohibición similar
Durante su intervención, Sánchez ha recordado que Australia ya ha aprobado una normativa pionera que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país en trasladar la responsabilidad directa a las plataformas digitales.
La legislación australiana obliga a empresas como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y Kick a aplicar medidas razonables para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida. El propio Gobierno australiano ha advertido de que la lista de plataformas podrá modificarse conforme surjan nuevos servicios digitales.