El Ayuntamiento de Algeciras solicitará la aclaración y rectificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara vulnerado el derecho de participación política de los concejales socialistas. El primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, ha anunciado la decisión después de detectar en el propio fallo referencias a un procedimiento judicial diferente que nada tiene que ver con el Consistorio algecireño.
Muñoz ha señalado concretamente la página 14 de la resolución, donde aparecen referencias a un procedimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, a la Universidad Internacional de Andalucía y al cese de una funcionaria. El responsable municipal considera que se trata de un «error manifiesto» y sostiene que lo responsable es solicitar al tribunal que aclare y rectifique la resolución antes de extraer conclusiones sobre su contenido.
El primer teniente de alcalde ha comenzado su comparecencia manifestando el «absoluto respeto» del equipo de Gobierno hacia las resoluciones judiciales. «Las sentencias se respetan, se cumplen y, cuando existen cauces legales para discrepar de su contenido, se utilizan esos cauces», ha afirmado. En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento cumplirá lo establecido por el TSJA.
La resolución judicial estima el recurso del Grupo Municipal Socialista y declara que el Ayuntamiento vulneró su derecho fundamental de participación política al condicionar el acceso a los decretos de Alcaldía a la firma de un documento adicional de confidencialidad. El TSJA considera que este requisito no podía imponerse como condición porque el deber de confidencialidad de los concejales ya está establecido legalmente.
El Gobierno municipal niega haber ocultado decretos
Muñoz ha centrado buena parte de su intervención en rechazar que el conflicto judicial tuviera su origen en una supuesta ocultación de información. «No se ha ocultado absolutamente ni un solo decreto a la oposición«, ha reiterado, diferenciando entre impedir el acceso a la documentación y modificar el procedimiento mediante el que se remitían automáticamente los decretos.
El primer teniente de alcalde ha recordado que la sentencia de primera instancia, posteriormente revocada por el TSJA, no apreció una voluntad obstruccionista por parte del Ayuntamiento y entendió que las medidas adoptadas estuvieron relacionadas con problemas de protección de datos. También ha señalado que los decretos se llevan a los plenos para dar cuenta de ellos y son objeto de debate por los grupos municipales.
Según ha explicado, el origen concreto de la controversia estuvo en la decisión de exigir la firma de un documento de confidencialidad. Muñoz sostiene que se solicitó a los 27 integrantes de la Corporación y no exclusivamente a los concejales socialistas, y que hubo miembros de los grupos de la oposición que lo firmaron y otros que decidieron no hacerlo.
El responsable municipal ha defendido igualmente que la medida se adoptó después de una consulta al Consejo de Transparencia y Protección de Datos y de informes de los servicios jurídicos municipales y del delegado de Protección de Datos. A su juicio, existía una problemática que obligaba a compatibilizar el acceso de los representantes públicos a la documentación con la protección de la información personal de los ciudadanos.
«La fórmula elegida» es lo que rechaza el TSJA
Muñoz ha reconocido expresamente el sentido de la resolución del tribunal. Según su interpretación, el TSJA no niega la existencia de cuestiones relacionadas con la protección de datos, sino que considera que la solución escogida por el Ayuntamiento, consistente en exigir una firma adicional de confidencialidad, no podía convertirse en un requisito previo para acceder a la documentación.
«¿Considera el Tribunal Superior de Justicia que la fórmula elegida, concretamente la firma adicional de confidencialidad, no era jurídicamente correcta? Pues sí, lo dice la sentencia», ha admitido Muñoz, quien ha insistido en que el Gobierno local respetará y cumplirá esa interpretación judicial.
Durante la comparecencia también ha aludido a procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en otros ayuntamientos por accesos indiscriminados de concejales a documentación municipal. Posteriormente, a preguntas de los periodistas, aclaró expresamente que no estaba hablando de sanciones al Ayuntamiento de Algeciras, sino de otros consistorios y de antecedentes utilizados para explicar la preocupación municipal en materia de protección de datos.
Solanes carga contra la estrategia judicial del PSOE
La teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, ha ampliado la respuesta política del Gobierno municipal y ha acusado al PSOE de recurrir reiteradamente a los tribunales para cuestionar actuaciones del Ayuntamiento. Entre otros asuntos, ha mencionado procedimientos relacionados con las tasas de basura y la actualización de impuestos, además de discrepancias políticas sobre distintos proyectos municipales.
Solanes ha defendido el trabajo desarrollado por la Asesoría Jurídica y la Secretaría General y ha criticado el desgaste que, a su juicio, generan estos procedimientos sobre los funcionarios y la propia institución. La responsable municipal ha acusado al PSOE de «torpedear la gestión municipal» y ha considerado que debería ejercer una oposición más colaborativa.
El Gobierno municipal mantiene, en cualquier caso, que acatará la resolución del TSJA. Paralelamente, solicitará que se aclare el contenido de la sentencia por las referencias ajenas al procedimiento incluidas en su página 14 y asegura que continuará facilitando información a los grupos políticos conforme a lo establecido judicialmente.