Hubo quienes vaciaron sus ahorros, quienes pidieron dinero a sus padres, hermanos o abuelos y quienes acudieron al banco para conseguir un préstamo. Algunos llegaron a entregar 20.000, 25.000, 30.000 o hasta 35.000 euros porque estaban convencidos de que al otro lado de ese desembolso les esperaba uno de los trabajos más deseados del Campo de Gibraltar: un puesto como estibador en el Puerto de Algeciras. Después llegaron las reuniones, los grupos de WhatsApp, los supuestos cursos de formación, las fechas para firmar contratos y una incorporación que siempre parecía inminente, pero que nunca terminaba de producirse.
Aquella historia, que comenzó a moverse entre 2017 y 2019, llegará finalmente la próxima semana a la Audiencia Provincial en Algeciras. Tres personas se sentarán en el banquillo los días 13, 14 y 15 de octubre acusadas de haber construido, según la Fiscalía, una falsa vía de acceso a la estiba con la que consiguieron que decenas de aspirantes entregaran importantes cantidades de dinero. El Ministerio Público sostiene que los procesados hicieron creer a los afectados que tenían capacidad para garantizarles un puesto fijo en el Puerto pese a que, siempre según la acusación, carecían de poder alguno para conseguir esas contrataciones.
El supuesto engaño no se limitaba a cobrar y desaparecer. La causa reconstruye un sistema mucho más elaborado en el que dos de los acusados se habrían encargado principalmente de captar aspirantes y recoger el dinero, mientras que un tercero habría asumido el papel de mantener viva la confianza de quienes ya habían pagado mediante reuniones periódicas, mensajes y un grupo de WhatsApp llamado “Los Supernenes”. Durante meses, los afectados recibieron nuevas fechas, explicaciones sobre retrasos, referencias a supuestos contactos dentro del sector y promesas de devolución si finalmente el trabajo no llegaba.
La documentación judicial permite seguir aquella espera casi paso a paso. Se habló de llamadas de empresas de trabajo temporal, de cursos, reconocimientos médicos, contratos, listas y fechas concretas de incorporación. En alguna reunión se llegó incluso a poner día a la primera nómina. Cuando un plazo se incumplía, surgía otro; cuando aumentaban las dudas, aparecía una nueva explicación, y cuando algunos comenzaron a exigir que les devolvieran el dinero, la respuesta seguía siendo que todo estaba a punto de resolverse.
Solo diez de los perjudicados representados por los abogados Enrique del Águila, de Hércules Abogados, y Ricardo Fanegas, de Roa Abogados, aseguran haber entregado en conjunto 265.000 euros. El número global de afectados por el asunto se situaría entre 30 y 40 personas, según la acusación particular, aunque no todos forman parte del grupo representado por estos dos letrados. Detrás de las cantidades entregadas aparecen familias que reunieron dinero entre varios miembros, préstamos bancarios contratados expresamente para pagar y personas que llegaron a dejar sus empleos porque creían que su incorporación al Puerto era cuestión de días.
El contexto que hizo creíble la promesa
Para entender por qué tantas personas pudieron creer que aquella vía de entrada era real hay que situarse en el momento que atravesaba la estiba española. El sector se encontraba inmerso en una profunda transformación tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 y la posterior reforma aprobada en España en 2017, que abrió el proceso de liberalización de un sistema de contratación que durante décadas había estado muy condicionado por las antiguas sociedades de gestión de trabajadores portuarios.
La acusación particular describe un sector tradicionalmente cerrado, donde durante años había existido una fuerte percepción social de que los vínculos familiares y personales tenían un peso importante en el acceso. El propio escrito subraya que la inmensa mayoría de los aproximadamente 1.800 estibadores que entonces trabajaban en el Puerto de Algeciras habían accedido legalmente y sin pagar comisión alguna, pero sostiene al mismo tiempo que alrededor del sistema se había generado una cultura de rumores sobre recomendaciones, contactos y supuestas vías privilegiadas de entrada.
Fue precisamente ese escenario el que, según las acusaciones, habría dado credibilidad a las ofertas. Los aspirantes no recibían la propuesta de un negocio desconocido ni de una inversión extravagante, sino la promesa de acceder a un trabajo del que llevaban años escuchando que resultaba muy difícil entrar desde fuera. A ello se sumaba la sensación de urgencia provocada por la liberalización y la posibilidad de que aquella fuera una de las últimas oportunidades antes de que el modelo cambiara definitivamente.
La Fiscalía sostiene que los tres acusados aprovecharon esa percepción y difundieron entre determinados círculos la idea de que tenían capacidad para colocar a personas en la estiba a cambio de una cantidad previa. El Ministerio Público considera que esa capacidad nunca existió y que las promesas se formulaban con el objetivo de conseguir que los interesados entregaran el dinero.
Dinero en efectivo y familias enteras reuniendo los pagos
Los importes recogidos en la causa varían de un perjudicado a otro. Aparecen entregas de 6.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 y 35.000 euros, aunque buena parte de los casos se sitúan en las franjas más altas. Las entregas se realizaban habitualmente en efectivo y en escenarios muy diferentes: hoteles, cafeterías, domicilios particulares, instalaciones privadas e incluso dentro de vehículos.
El Hotel Guadacorte, en Los Barrios, aparece repetidamente en los escritos judiciales como uno de los principales lugares de reunión, aunque no fue el único. Allí se habrían celebrado encuentros en los que se explicaban las condiciones, los supuestos pasos necesarios para entrar en el Puerto y las cantidades que debían abonarse previamente.
El detalle de los diez perjudicados representados por Del Águila y Fanegas permite conocer hasta qué punto aquellos desembolsos afectaron a la economía de las familias. Entre los diez suman 265.000 euros. Cuatro aseguran haber entregado 20.000 euros, uno 25.000, tres 30.000 y otros dos 35.000.
En uno de esos casos, el aspirante apenas contaba con 1.000 euros propios y tuvo que completar el pago gracias a 2.000 euros prestados por un hermano y otros 17.000 aportados por sus padres. En otro, fue necesario solicitar un préstamo bancario superior a los 20.000 euros y contratar además un seguro de vida exigido por la entidad. Otro perjudicado disponía de 8.000 euros y recurrió a familiares para reunir los 27.000 restantes hasta completar los 35.000 que debía entregar.
La documentación de la causa incluye extractos bancarios, justificantes de reintegros y contratos de préstamos con los que las acusaciones pretenden demostrar de dónde procedía el dinero. También aparecen padres, abuelos, parejas, hermanos y suegros que prestaron cantidades a los aspirantes convencidos de que estaban ayudándoles a conseguir un empleo estable y bien remunerado.
Después de pagar empezaba la espera
Una vez realizada la entrega, los aspirantes entraban en una segunda fase en la que comenzaban a recibir información sobre los supuestos pasos que faltaban para incorporarse. Uno de los principales instrumentos fue el grupo de WhatsApp “Los Supernenes”, administrado por uno de los acusados y en el que, según la Fiscalía, eran incluidos quienes ya habían pagado.
La acusación particular sostiene que el grupo llegó a contar con cerca de un centenar de participantes, una cifra que no debe confundirse con el número de perjudicados personados en el procedimiento que llegará ahora a juicio. Desde allí se convocaban reuniones, se anunciaban novedades y se comunicaban fechas de firma o incorporación. Con el paso del tiempo aparecieron también otros grupos en los que los afectados empezaron a compartir dudas y a plantearse qué hacer ante la falta de resultados.
Los mensajes muestran además que el asunto se trataba en ocasiones mediante expresiones en clave. Se hablaba de la “barbacoa” para referirse a reuniones, de la “documentación” o el “sobre” cuando se aludía al dinero y del “finiquito” cuando algunos afectados reclamaban la devolución de las cantidades entregadas. La utilización de ese lenguaje forma parte de la interpretación que realiza la acusación sobre el contenido de los mensajes y será uno de los elementos que deberán valorarse durante el juicio junto con el resto de conversaciones, grabaciones y testimonios.
Contratos, cursos y fechas que se aplazaban una y otra vez
Durante 2018 se sucedieron las reuniones presenciales. En ellas, según la acusación, se transmitían a los aspirantes datos cada vez más concretos para reforzar la sensación de que la entrada estaba cerca. Se hablaba de cursos de capacitación, de reconocimientos médicos, de documentación que había que preparar, de firmas de contratos y de fechas de incorporación.
Una de las grabaciones recoge incluso un supuesto calendario según el cual primero se firmaría, después se realizaría el reconocimiento médico y posteriormente comenzaría el trabajo. En otro encuentro se llegó a asegurar el día en el que los aspirantes empezarían a trabajar y cuándo recibirían su primera nómina. También se prometieron condiciones especialmente favorables, entre ellas la posibilidad de pasar de trabajadores eventuales a fijos en aproximadamente un año.
El problema era que las fechas se sucedían sin que la contratación se materializara. Cada incumplimiento daba paso a una nueva explicación y se hablaba de problemas en los centros de formación, de retrasos, de otros grupos de aspirantes, de investigaciones, de reuniones pendientes o de personas situadas en niveles superiores que todavía tenían que tomar una decisión.
En las conversaciones aparecen constantemente referencias a “los de arriba”, a personas con influencia o a terceros que supuestamente tenían la última palabra. Para la acusación particular, esta forma de explicar los retrasos permitía mantener la esperanza de quienes habían pagado y trasladar la responsabilidad hacia personas desconocidas para los aspirantes.
Adecco en las explicaciones sobre las contrataciones
La causa recoge numerosas referencias a Adecco, cuyo nombre aparecía en las explicaciones ofrecidas a los aspirantes sobre el supuesto proceso de contratación. Se aseguraba que recibirían llamadas, que existirían entrevistas o firmas y que la empresa formaría parte de los trámites previos a la entrada en el Puerto.
En una de las reuniones se llegó a hablar de una carpeta que supuestamente contenía nombres, apellidos y códigos de los aspirantes. Algunos afectados terminaron incluso contactando directamente con Adecco para intentar averiguar qué estaba ocurriendo y esas llamadas generaron, según las grabaciones aportadas a la causa, preocupación entre quienes coordinaban las reuniones, que comenzaron a pedir mayor discreción.
La documentación no atribuye participación alguna a la empresa en la presunta trama. Las referencias a Adecco forman parte de las explicaciones que, según sostienen las acusaciones, recibían los afectados para reforzar la apariencia de que existía un proceso real de incorporación en marcha.
Reuniones sin teléfonos y llamadas que no debían hacerse
A medida que avanzaban los meses, la discreción aumentó. En distintas reuniones se pidió a los participantes que acudieran sin teléfono, que lo apagaran o lo pusieran en modo avión, y también que evitaran desplazarse todos juntos. En alguna conversación se aseguró incluso que podía haber teléfonos intervenidos.
La documentación recoge igualmente advertencias para que los aspirantes no realizaran llamadas por su cuenta a las empresas supuestamente vinculadas al proceso. En otro momento se llega a recomendar que, si la Policía preguntaba, los afectados dijeran que no sabían nada. Son episodios que las acusaciones utilizan para sostener que existía una voluntad de mantener el proceso fuera del conocimiento de terceros, mientras que las defensas podrán ofrecer durante el juicio su interpretación de esas conversaciones y del contexto en el que se produjeron.
“Si no sale, se os devuelve el sobre”
Cuando los plazos comenzaron a acumularse, una parte de los aspirantes dejó de preguntar cuándo comenzaría a trabajar y empezó a exigir la devolución del dinero. La respuesta, según numerosas grabaciones, era que las cantidades estaban seguras y que serían restituidas si finalmente la incorporación no se producía.
Una de las frases recogidas durante una reunión resume buena parte de aquella etapa: “Si a alguno de vosotros no sale, se os devuelve el sobre”. En otras conversaciones se insiste en que nada está perdido, que el dinero será recuperado y que determinadas personas serán las primeras en cobrar cuando la situación quede resuelta.
Sin embargo, las fechas para las devoluciones comenzaron a aplazarse igual que antes se habían aplazado las contrataciones. Los afectados recibían nuevos plazos y nuevas promesas, mientras algunos llevaban ya meses solicitando únicamente recuperar lo que habían entregado.
Las conversaciones reflejan progresivamente un cambio de tono. La confianza de los primeros meses da paso a la impaciencia, después a la sospecha y finalmente a la desesperación. En algunos grupos comienzan a plantearse la posibilidad de presentar una denuncia colectiva y aparecen mensajes de personas que reconocen abiertamente que temen haber perdido los ahorros de toda su familia.
Excedencias, empleos abandonados y problemas económicos
Para algunos perjudicados, las consecuencias habían comenzado incluso antes de asumir que podían haber perdido el dinero. Las promesas de una incorporación inminente llevaron a varias personas a tomar decisiones laborales importantes y en las grabaciones se habla de aspirantes que solicitaron excedencias, de otros que dejaron sus trabajos y de personas que rechazaron nuevas oportunidades porque estaban convencidas de que comenzarían a trabajar en el Puerto en pocos días.
Uno de los afectados llegó a explicar que había renunciado a una oferta laboral en Bélgica para permanecer en Algeciras intentando resolver su situación. Las conversaciones muestran también a personas preocupadas por sus hipotecas, sus hijos y la falta de ingresos después de haber entregado buena parte de sus ahorros, hasta el punto de que uno de los perjudicados llegó a plantearse la posibilidad de vender su vivienda para afrontar la situación económica en la que se encontraba.
La acusación particular sostiene además que los hechos provocaron episodios de ansiedad, estrés, insomnio y conflictos familiares. En uno de los casos consta documentación médica y psicológica en la que aparecen referencias a un trastorno adaptativo y a cuadros de ansiedad.
Los vídeos grabados antes de entregar el dinero
Entre el material aportado a la causa hay varios vídeos que resultan especialmente relevantes porque, según la acusación particular, fueron grabados en una reunión celebrada antes de que algunos aspirantes realizaran el pago.
En ellos, uno de los acusados habría presentado el desembolso como una inversión y asegurado que existía un 99% de posibilidades de que todo saliera bien. También se hablaba de la existencia de distintas personas que cobrarían comisiones y de la manera en la que históricamente se había accedido a determinados puestos en el Puerto.
Otra de las grabaciones refleja además la urgencia con la que se planteaba la oportunidad. Se aseguraba que el plazo para pagar estaba a punto de cerrarse, de modo que quien no consiguiera reunir el dinero rápidamente podía quedarse fuera del supuesto proceso de incorporación. Para la acusación, esas grabaciones resultan relevantes porque permitirían situar el engaño antes de que se produjera la entrega del dinero y mostrar qué argumentos se utilizaron para convencer a los aspirantes.
Hubo personas que desconfiaron antes de pagar
No todos los interesados terminaron realizando los desembolsos solicitados. Fiscalía recoge varios casos en los que la captación no llegó a completarse porque la persona comenzó a desconfiar o simplemente no pudo reunir el dinero.
En uno de ellos se reclamaban 15.000 euros y el aspirante llegó incluso a ser incluido en el grupo de WhatsApp sin haber pagado. Los continuos aplazamientos de las supuestas firmas acabaron despertando sus sospechas y decidió no entregar ninguna cantidad.
También hubo casos en los que el dinero sí llegó a devolverse. Fiscalía recoge el supuesto de una persona que había entregado 24.000 euros y que, después de insistir en recuperar la cantidad, terminó recibiéndola de vuelta. En otro episodio, un aspirante pagó 30.000 euros y posteriormente recuperó una parte. Estas situaciones muestran que no todos los casos siguieron exactamente el mismo recorrido y serán también objeto de valoración durante el juicio.
Una investigación que terminó llegando a la Policía
La denuncia presentada por parte de los perjudicados en mayo de 2020 dio comienzo a un procedimiento que fue creciendo a medida que aparecían nuevos afectados y se incorporaba material a la investigación.
El caso alcanzó una importante dimensión pública en febrero de 2021, cuando la Policía Nacional informó de una operación relacionada con personas que presuntamente habían sido captadas mediante promesas de acceso a la estiba del Puerto de Algeciras. Los investigadores estimaron entonces que el número de personas que podían haber sufrido el mismo mecanismo era muy superior al de quienes inicialmente habían acudido a los tribunales y cifraron provisionalmente en unos 850.000 euros el dinero relacionado con el supuesto fraude.
La investigación policial ya describía entonces un sistema basado en importantes pagos, supuestas bolsas de empleo, reuniones periódicas y promesas de contratación que nunca terminaban materializándose. También apuntaba a que algunos perjudicados habían tenido que recurrir a préstamos bancarios o familiares para conseguir las cantidades exigidas.
En el procedimiento que llega ahora a juicio, el número de afectados se sitúa entre 30 y 40, según la estimación trasladada por la acusación particular, una cifra que permite dimensionar una causa que comenzó con un grupo mucho más reducido de denunciantes y fue creciendo durante la investigación.
Dos acusaciones y peticiones de pena muy diferentes
Fiscalía y una de las acusaciones particulares coinciden en buena parte del núcleo de la historia, pero mantienen diferencias importantes sobre cómo deben calificarse jurídicamente los hechos y, en consecuencia, sobre las penas que deberían imponerse en caso de condena.
El Ministerio Público acusa a los tres procesados de un delito continuado de estafa y de pertenencia a grupo criminal. Por la estafa solicita para cada acusado ocho años de prisión, además de una multa de 24 meses. A esa petición añade otro año y seis meses por pertenencia a grupo criminal para dos de ellos y dos años para el tercero, para quien aprecia reincidencia. De esta manera, Fiscalía reclama nueve años y seis meses de prisión para dos procesados y diez años para el tercero.
Muy diferente es el planteamiento de la acusación particular ejercida por Del Águila y Fanegas. Sus abogados no consideran que exista una única estafa continuada, sino diez delitos de estafa, uno por cada uno de los diez perjudicados a los que representan, además de un delito de organización criminal. Para cada una de esas diez estafas solicitan ocho años de prisión, lo que supone 80 años por los diez delitos, a los que añaden otros ocho años por organización criminal.
La petición de esta acusación alcanza así, en términos de suma de las penas interesadas, 88 años de prisión para cada acusado, aunque el propio escrito recuerda expresamente que el cumplimiento efectivo estaría sometido a los límites máximos establecidos por el Código Penal. La diferencia con la petición de Fiscalía se explica precisamente por la distinta calificación jurídica: mientras el Ministerio Público engloba los hechos en un delito continuado, esta acusación entiende que cada perjudicado fue víctima de una estafa autónoma.
También existe una diferencia relevante en las reclamaciones económicas. Los diez perjudicados representados por estos abogados no solo reclaman recuperar los 265.000 euros que aseguran haber entregado, sino también una cantidad equivalente por daños y perjuicios y 36.000 euros por cada afectado en concepto de lucro cesante. En conjunto, su reclamación alcanza los 890.000 euros.
La Fiscalía, en cambio, solicita fundamentalmente la restitución de las cantidades atribuidas a los distintos perjudicados, incrementadas con los intereses correspondientes.
Audios, vídeos y WhatsApp ante el tribunal
Buena parte del juicio estará previsiblemente centrada en reconstruir qué se dijo realmente durante aquellos meses y qué papel desempeñó cada uno de los acusados. La causa acumula conversaciones de WhatsApp, audios telefónicos, grabaciones de reuniones, vídeos, documentación bancaria y numerosos testimonios.
La Fiscalía ha solicitado que durante las sesiones se escuchen distintos audios aportados por los afectados y que se visionen algunos de los vídeos incorporados al procedimiento. También declararán testigos y peritos, además de los perjudicados que sean llamados a sala, en un juicio para el que se han reservado inicialmente tres jornadas consecutivas.
Será entonces cuando muchas de las frases que durante años quedaron confinadas a grupos privados de WhatsApp o a reuniones en hoteles y cafeterías se escuchen ante el tribunal. Las acusaciones tratarán de demostrar que los aspirantes fueron convencidos para entregar su dinero mediante una promesa que los procesados sabían que no podían cumplir, mientras que las defensas podrán rebatir esa reconstrucción y exponer su versión de los hechos.
El juicio comenzará el próximo 13 de octubre y se prolongará inicialmente hasta el día 15. Casi nueve años después de los primeros pagos que aparecen en la causa, la Audiencia Provincial tendrá que determinar si detrás de aquellas reuniones, listas, mensajes y promesas existió realmente una trama destinada a vender puestos de trabajo que nunca estuvieron disponibles. Los tres acusados afrontan el procedimiento con su presunción de inocencia intacta.