El juicio por la presunta estafa de falsos puestos de trabajo como estibador en el Puerto de Algeciras ha alcanzado este miércoles, 14 de octubre, su segunda jornada en la Audiencia Provincial. Tres personas se sientan en el banquillo acusadas de participar en un entramado que, según la Fiscalía, consiguió que numerosos aspirantes entregaran cantidades de hasta 35.000 euros bajo la promesa de conseguirles un empleo estable en uno de los sectores laborales más demandados del Campo de Gibraltar.
La vista oral comenzó el martes, 13 de octubre, y tiene previsto concluir mañana jueves, 15 de octubre, con la tercera y definitiva sesión. El tribunal deberá valorar las acusaciones formuladas contra los tres procesados por unos hechos que se remontan al periodo comprendido entre 2017 y 2019 y que afectaron, según las estimaciones de la acusación particular, a entre 30 y 40 personas.
El supuesto engaño habría provocado importantes pérdidas económicas entre quienes confiaron en conseguir un puesto de trabajo en el Puerto. Algunos aspirantes recurrieron a préstamos bancarios, utilizaron sus ahorros o solicitaron dinero a familiares para reunir las cantidades exigidas. Solo diez de los perjudicados representados por los abogados Enrique del Águila y Ricardo Fanegas aseguran haber entregado un total de 265.000 euros.
El procedimiento judicial trata de esclarecer si los acusados organizaron una falsa vía de acceso a la estiba mediante promesas de contratación, reuniones y comunicaciones que prolongaron durante meses la esperanza de los afectados. Según sostiene el Ministerio Público, los procesados carecían de capacidad para garantizar aquellos puestos de trabajo, pese a que habrían cobrado importantes cantidades a los aspirantes.
Un supuesto engaño que se prolongó durante meses
La Fiscalía atribuye a los tres acusados distintas funciones dentro de la presunta trama. Dos de ellos se habrían encargado principalmente de captar a los interesados y recibir el dinero, mientras que un tercero habría mantenido el contacto con los aspirantes mediante reuniones y comunicaciones periódicas.
Entre los elementos recogidos en la investigación figura un grupo de WhatsApp denominado «Los Supernenes», utilizado presuntamente para trasladar información sobre cursos de formación, reconocimientos médicos, firmas de contratos y fechas de incorporación.
Sin embargo, según las acusaciones, las contrataciones prometidas nunca llegaron a materializarse.
Los afectados recibían nuevas fechas y explicaciones sobre los retrasos, mientras algunos comenzaban a reclamar la devolución del dinero que habían entregado.
La documentación incorporada al procedimiento incluye conversaciones de WhatsApp, grabaciones de reuniones, audios, vídeos y justificantes bancarios que las acusaciones consideran relevantes para reconstruir lo ocurrido.
Peticiones de prisión de hasta 88 años
Uno de los aspectos más destacados de este procedimiento es la diferencia entre las penas solicitadas por la Fiscalía y las reclamadas por una de las acusaciones particulares.
El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal. Por ello, solicita nueve años y seis meses de prisión para dos de los procesados y diez años para el tercero.
Por su parte, la acusación particular ejercida por Enrique del Águila, de Hércules Abogados, y Ricardo Fanegas, de Roa Abogados, plantea una calificación diferente.
Los letrados consideran que existen diez delitos de estafa independientes, uno por cada perjudicado al que representan, además de un delito de organización criminal.
Su petición alcanza 88 años de prisión para cada acusado, resultado de sumar las penas solicitadas por los distintos delitos, aunque el cumplimiento efectivo de una eventual condena estaría sujeto a los límites legales correspondientes.
En el apartado económico, esta acusación reclama un total de 890.000 euros, incluyendo la devolución del dinero entregado, indemnizaciones por daños y perjuicios y cantidades en concepto de lucro cesante.
Familias que entregaron sus ahorros para conseguir un empleo
La causa recoge situaciones personales especialmente delicadas. Entre los perjudicados aparecen personas que solicitaron préstamos bancarios, recurrieron a sus padres o hermanos e incluso tomaron decisiones laborales convencidas de que su incorporación al Puerto era inminente.
Las cantidades supuestamente entregadas oscilaban entre varios miles de euros y los 35.000 euros en algunos casos.
El juicio afronta mañana su última jornada
Tras las sesiones celebradas este martes y miércoles, el procedimiento tiene prevista su continuación este jueves, 15 de octubre, con la tercera y última jornada señalada inicialmente por la Audiencia Provincial.
El tribunal deberá valorar el conjunto de las pruebas y determinar si existió el entramado de estafa descrito por las acusaciones, así como la responsabilidad individual que pudiera corresponder a cada procesado.
El caso llega a esta fase judicial después de una investigación iniciada a raíz de las denuncias de perjudicados que aseguraban haber pagado por empleos que nunca consiguieron.
Casi nueve años después de los primeros hechos investigados, el juicio entra en su recta final. Los tres acusados mantienen su presunción de inocencia y corresponderá al tribunal decidir, tras valorar las pruebas practicadas, si los hechos constituyen los delitos que se les atribuyen.